Luis Alemán
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La Central Sandinista de Trabajadores, CST, presentará la semana próxima un proyecto de ley de indexación del salario mínimo, a pesar de la oposición expresada por el Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, cuyo secretario general, Gustavo Porras, le restó méritos, por considerar que la misma le quita el derecho a los trabajadores a negociar el aumento.

Roberto González, Secretario General de la CST, aseguró que la iniciativa es una respuesta a la insistencia de los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, de mantener su propuesta ante el Parlamento de congelar el salario.

“En saludo al Día Internacional de la Mujer, la Central Sandinista de Trabajadores presentará su iniciativa” dijo González.

El sindicalista considera que la propuesta de indexación del salario no es más que reconocer el deslizamiento de la moneda, para proteger el sueldo mínimo de los trabajadores.

Puso como ejemplo el reconocimiento del deslizamiento de la moneda en las pensiones que reciben los jubilados y pensionados.

“Eso no es más que la indexación”, dijo González, para quien eso mismo es lo que proponen ocurra con el salario de los trabajadores.

Recordó que el mayor impacto en el salario lo reciben los trabajadores del sector privado en la maquila y en las empresas transnacionales.

Seguir negociando

Según González, la iniciativa de ley que presentarán ante el Parlamento no implicará que dejarán de negociar en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, y aseguró que la ministra del Trabajo está preparando la convocatoria para el primero de marzo.

“Nuestra propuesta no detiene la convocatoria legal y la ministra tiene que cumplir la ley” afirmó.

En tal sentido, señaló que la propuesta que tendrá la CST será negociar sobre la base de un 15 a 18 por ciento de incremento, que está cerca de las cifras de referencia del gobierno, una tasa de inflación de un 10 por ciento y un 2 por ciento de crecimiento económico.

Recordó que si se toma las cifras de referencia del gobierno, existe una brecha de casi el 20 por ciento por el impacto de la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores.