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El presidente Daniel Ortega quiere suspender por cuatro años todas las licitaciones públicas que busquen explorar y explotar los recursos naturales para generar energía eléctrica, y propone que sea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) la única institución que
busque inversionistas para que negocie de forma rápida y directa cualquier licencia o concesión para estos fines.

Ahora sí hay racionamientos

Con ese objetivo, Ortega envió el pasado miércoles una iniciativa de Ley a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, donde deja entrever que los apagones por falta de generación de electricidad no han terminado, ya que subraya en su exposición de motivos que al aprobar esta propuesta se estaría “garantizando terminar definitivamente con los constantes problemas que generan los racionamientos”.

“Se debe aprobar dicha iniciativa porque Nicaragua debe mantener una reserva de electricidad que permita el desarrollo político social del país eliminando los racionamientos de energía que tanto afectan a los sectores más vulnerables de la población”, dice ahora, contradiciendo todo su discurso anterior.

El presidente titula esta iniciativa: “Ley especial que faculta temporalmente al Ministerio de Energía y Minas, para la negociación directa en el otorgamiento de licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales para la generación de energía eléctrica”.

Al menos eso informa al presidente de la Asamblea, René Núñez, y al primer secretario de este Poder del Estado, Wilfredo Navarro, a quienes explica que es necesario aprobar esta medida con el fin de agilizar el largo proceso que conlleva alcanzar nuevas inversiones de capital por parte de interesados en desarrollar proyectos.

¿Otra vez Albanisa?

“Se faculta de forma temporal y extraordinaria, por el plazo de cuatro años al Ministerio de Energía y Minas, para convocar a inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, sean éstas públicas, privadas o mixtas”, reza el primer artículo de la iniciativa presidencial.

Ortega apunta en el segundo artículo de su propuesta, que es necesario suspender “temporalmente y por cuatro años… toda clase de procesos de licitación pública nacional o internacional para el otorgamiento de licencias y concesiones”.

Y propone revestir de autoridad al MEM, para que sea la entidad exclusiva que convoque a inversionistas y empresarios del sector público, privado o mixto para que desarrolle dichos proyectos, una vez firmado un contrato a la mayor brevedad.

Apuntan a Geotermia

Muestra particular interés en el desarrollo de la geotermia, la energía generada a base de los gases de los volcanes, pues asegura que cuando sea suspendida cualquier licitación que exista en este sentido, el MEM gozará de “un plazo de 30 días para negociar los respectivos contratos, una vez que se alcancen acuerdos que favorezcan los intereses del Estado”.

Ese plazo, sin embargo, sería alterado en caso de no lograrse ningún acuerdo, pues el MEM tendría opción de “iniciar las negociaciones con otros inversionistas que sean necesarios hasta garantizar capacidad y reservar instaladas suficientes”.

Aclara en el quinto artículo de su iniciativa de Ley, que “los precios resultantes de estos contratos (suscritos por el MEM) serán trasladados a tarifas por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE)”, y toda la energía que genere dicho proyecto se “deberá vender en forma priorizada”.

De forma reiterada, Ortega recuerda a los titulares del Parlamento, que “el Estado tiene el deber de garantizar el desarrollo de las actividades económicas y empresariales en los sectores de propiedad pública y privada, o en forma de economía mixta”.

Eso lo debe lograr, según explica, “a través de un orden jurídico adecuado que asegure la igualdad de tratamiento a las inversiones nacionales y extranjeras”.