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De aprobarse la iniciativa de Ley que envió el presidente Daniel Ortega al Parlamento el miércoles pasado, la Asamblea Nacional y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) serían las instituciones más “descabezadas” frente a decisiones del sector energético, mientras el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tomaría el control total y exclusivo sobre la contratación de cualquier proyecto de generación de energía renovable.

En eso coinciden dos equipos legales de organismos de defensa de los consumidores, quienes ayer obtuvieron copia de la propuesta de Ortega y ahora la estudian “con el fin de denunciar las pretensiones de monopolio que quieren instalar para controlar cualquier exploración, explotación, producción y venta de energía en nuestro país”.

Ellos preparan un documento donde exponen sus consideraciones respecto de la propuesta, el que esperan hacer llegar a los diputados para que tengan cuidado al momento de votar a favor o en contra de dicha iniciativa, titulada “Ley especial que faculta temporalmente al Ministerio de Energía y Minas, para la negociación directa en el otorgamiento de licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales para la generación de energía eléctrica”.

¿ALBA-Monopolio?

Consideran “curioso” que la propuesta de Ortega todavía no se aprueba en el Parlamento, pero el Ministro Emilio Rappaccioli Baltodano, titular del MEM, ya se adelantó a entregar “licencia provisional” por un año a la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), para que explore la posibilidad de instalar el proyecto eólico ALBA-Rivas.

“¿Será que el gobierno quiere que sólo Albanisa se quede con el pastel de instalar las plantas de generación de energía renovable? ¿Quieren beneficiar a una sola empresa que es privada o son ideas mías?”, preguntó uno de los abogados.

Resta funciones a la Asamblea
Ellos pidieron a los diputados tener cuidado al revisar esta iniciativa, porque podría dejar en manos de una sola empresa privada la generación de la energía más barata y duradera, unos proyectos donde el Estado debería tener al menos cierta participación.

Precisaron que mayor cuidado deberían tener al evaluar las pretensiones del presidente Ortega, porque quiere quitarle a la Asamblea Nacional la facultad de aprobar o anular cualquier contrato que el Estado pretenda firmar con una empresa para que obtenga una concesión para ejecutar un proyecto que vaya a generar más de 30 megavatios de energía eléctrica.

Otra beneficiada: Fenosa

Además, explican que Ortega quiere quitar a Unión Fenosa la obligación que tiene ahora de comprar energía a través de licitación, para que obtenga el precio más barato y venda ese suministro lo más bajo posible a sus clientes con tarifas razonables. “Es decir, ahora quieren obligar a Fenosa a que compre al generador que mande el ministro Rappaccioli, aunque sea un precio alto”, dijeron.

Advierten que eso último es un agravante para el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que ahora supervisa esas compras de Fenosa, pero una vez aprobada dicha iniciativa ya no podría hacerlo, pues las compras serían ordenadas por el MEM directamente y sin discusión alguna.

Directivos de Fenosa ayer evitaron pronunciarse al respecto, pues también están revisando la propuesta, según dijeron, no obstante, en una nota de prensa divulgada ayer señalan que “mientras el país no logre desarrollar todo su potencial geotérmico, hidroeléctrico y eólico, las tarifas del sector energético sufrirán los vaivenes del precio internacional del petróleo”.

Anulan Ley de Geotermia

“En esta propuesta se pierde todo el concepto de licitación y competencia. Se anula la Ley de Geotermia y se pretende aprobar proyectos sin licitación pública… ¿En qué país estamos? Entonces, también eliminemos a la Contraloría, porque ya no tendría razón de ser”, estimó uno de los abogados.

De paso, pidieron a los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente que revisen este documento, pues Ortega también pretende eliminar todas las instituciones que toman decisiones respecto de la administración y uso de los recursos naturales, entre ellas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA).