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El costo político que conlleva aplicar ajustes a las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado, ha contribuido a implementar modelos que no cubren los costos de operación y mantenimiento de las empresas y diseñar subsidios mal dirigidos. “Hace falta tener una visión clara, objetivos de largo plazo y un enfoque integrado para la gestión del recurso hídrico”.

Ésa es una de las conclusiones del Taller Centroamericano en Agua y Finanzas, el cual se realizó la semana pasada en Antigua, Guatemala, y reunió a representantes de gobiernos centroamericanos y del sector financiero vinculado al recurso.

La actividad es una iniciativa de la sede para Centroamérica de la Asociación Mundial para el Agua (GWP Centroamérica), y contó con el apoyo del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (Focard-APS), del Programa de Agua Potable y Saneamiento del Banco Mundial (PAS-BM) y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

Sólo buscan tarifas

Se sumó a este apoyo el Grupo Financiero de la Iniciativa Europea para el Agua (Euwi), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN) y el Centro de Formación de la Aecid.

Después de revisar el contexto de cada país, los delegados concluyeron en las mesas de trabajo que el instrumento más utilizado para generar capital que sostiene ambos servicios son las tarifas, y no siempre cubren los costos operativos. Además, los subsidios son manejados con criterios políticos.

“Es necesario crear conciencia en la clase política de los niveles locales y nacionales para despertar su interés y compromiso político para movilizar recursos hacia el sector”, reza otra de las conclusiones.

Nicaragua

Petrona Gago Sauders asistió a este evento por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), igual que Isabel Castillo, de la Oficina del Agua y Saneamiento del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), y Ruth Linares, de la Dirección de Tarifas del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).

Los delegados expresan en el documento final que el financiamiento continuo, suficiente y con impacto en la ampliación de servicios de agua y saneamiento sostenible, demanda, en principio, el compromiso político del gobierno central y de los gobiernos regionales para responder a la demanda con propuestas financieramente viables y con aceptación social.

“La aplicación de instrumentos económicos requiere el establecimiento de procesos de sensibilización social que permitan a la población reconocer el valor económico del agua y evitar protestas sociales y el rechazo a pagar por los servicios”, agregan.

Identificaron que el nivel de aplicación de instrumentos económicos en la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), “es incipiente, básicamente orientada a la aplicación de tarifas y subsidios con sesgo político”.

Hay voluntad de ayudar

No obstante, reconocen que se visualizan esfuerzos para integrar y armonizar el diseño y ejecución de proyectos de inversión regional, acompañados de fortalecimiento institucional por medio de la transferencia de conocimiento, la adopción de economías de escala y la firma de convenios para la atención de problemas comunes.

Reconocieron que “existe voluntad de las agencias de cooperación para apoyar financieramente a los países centroamericanos para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, demandando la adopción de estrategias orientadas a la sostenibilidad”.

Transparencia

Una de las discusiones más intensas concluyó en que la gobernabilidad y el financiamiento están íntimamente relacionados, y reformar esta gobernabilidad hídrica genera credibilidad y facilita el acceso a fondos.

“Contar con demostrada capacidad institucional para manejar las finanzas en forma eficiente y transparente, así como la recuperación de costos y devolución de préstamos, son importantes para poder atraer más financiamiento y sentar las bases para la sostenibilidad financiera”, afirmaron en el documento final.

Propuestas

Una de las propuestas que surgió de este encuentro es que se pueden generar recursos a partir de las diferentes necesidades y usos del agua (consumo humano, agricultura, industria, energía, ambiente, otros), lo que puede permitir un ordenamiento equilibrado de la asignación del recurso garantizando la disponibilidad para el consumo humano.

“No hay que esperar que el gobierno financie todos los elementos involucrados en la gestión del agua. La generación de ingresos para el mantenimiento del sistema usando principios como ‘el que contamina paga’, el establecimiento de tarifas de uso, el pago por servicios ambientales, pueden ser importantes fuentes de ingreso para apoyar el financiamiento de la gestión del agua”, concluyen.