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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pretenden que el Mific deje de recibir quejas de los usuarios del servicio de energía basándose en un Recurso de Amparo que promovió la misma Unión Fenosa hace cuatro años en contra de uno de sus clientes, y en su reciente fallo, hasta calificaron de “inconstitucional” que los abonados de esta firma española hagan valer sus reclamos mediante la Ley de Defensa de los Consumidores.

La sentencia 10-09 del 12 de noviembre de 2009, ahora en poder de EL NUEVO DIARIO, es firmada por todos los magistrados en Corte Plena, quienes rescatan este recurso que introdujo Noel José Vidaurre Argüello el 14 de febrero de 2006, en su carácter de Apoderado Judicial de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte).

Se trata de un caso donde los directivos de la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), interpusieron un primer Recurso de Amparo, pues reclamaban mala facturación de Fenosa, y al obtenerlo y llevar el asunto hasta la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), el proceso “durmió el sueño de los justos”.

Recurso de Fenosa

Vidaurre Argüello aprovechó la situación y respondió el caso con otro recurso similar pero en contra del titular del Mific de ese entonces, Alejandro Argüello Choiseul, “por la omisión de no resolver dentro del plazo fatal de tres días el recurso” promovido por la UCEM.

Al menos eso destacan en su fallo los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes explican que Vidaurre Argüello consideró violados varios artículos de la Constitución Política de la República, y de manera particular, solicitó declarar “inconstitucional” el último párrafo (27 palabras) del artículo 7.7.2 de la Normativa de Servicio Eléctrico (NSE) del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

27 palabras

En este acápite de la normativa se autoriza a todos los usuarios que puedan reclamar ante las oficinas de Fenosa y el INE, pero, en su último párrafo, que fuera declarado “inconstitucional” por los magistrados, se afirma: “Las resoluciones de las dos instancias anteriores no inhiben al cliente del servicio eléctrico de recurrir a los procedimientos establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor”.

Haciendo uso de esa parte de la normativa, los usuarios recurrían a esta Ley (número 182), donde se manda a reclamar en última instancia ante la DDC del Mific, después de agotar el proceso con Fenosa y el INE. No obstante, para los magistrados de la Sala de lo Constitucional eso es “inconstitucional”. Al menos eso dictaron en la sentencia 330 del 29 de julio del año pasado, la que fue ratificada en noviembre pasado y notificada a Fenosa hace dos semanas.

“Se declara inaplicable con base en el Principio de Prevención y de cosa juzgada, la parte final del artículo 7.7.2, de la Normativa”, ratificaron.

Lo mismo con celulares

Desde noviembre pasado la DDC del Mific no envía una resolución a Fenosa por casos de energía, según los ejecutivos de esta empresa, quienes tampoco esperan recibir alguna. “Eso resulta sospechoso” para Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC.

“Es un pésimo precedente para los usuarios y no es la primera vez que la Corte Suprema falla cosas tan delicadas a favor de las empresas de servicios públicos”, dijo, al recordar que las dos empresas de teléfonos celulares ahora pueden hacer lo que quieran con los servicios de valor agregado (buzón de voz, bloqueo de llamadas, chat, internet y otros similares), porque así se lo legalizaron los magistrados en un fallo similar en 2006, pero ahora “la pelota está en la cancha de los diputados”.

“Pelota está en cancha de diputados”
Nery García
Juan Carlos López, asesor legal de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, indicó que los diputados ante la Asamblea Nacional están a prueba con esta sentencia emitida por la Corte Suprema, donde supuestamente se inhibe a los usuarios de energía presentar reclamos ante la Dirección de Defensa del Consumidor, DDC.

López comentó que pese a esa sentencia, los diputados de la Comisión de Infraestructura, podrían solicitar ante el plenario una “interpretación auténtica” de la Ley de la Industria Eléctrica (ley 272) y de la Ley de Defensa de los Consumidores (ley 182), con la cual podrían emitir una nueva ley para reivindicar el derecho a reclamo a los consumidores ante el Mific.

Además, los miembros de la Red esperan que las autoridades del Mific, se pronuncien sobre la sentencia a través de una resolución. “Esperamos que el Mific, como un órgano del Estado, emita una resolución para avalar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que dar la razón del porqué acata esa sentencia”, comentó López.

Y es que según López, más de un 60 por ciento de los trámites de reclamos que recibía la DDC del Mific, de los usuarios de Disnorte y Dissur, eran resueltos a favor de los mismos, y la sentencia de la Corte sería “otra estocada” más a los clientes de Fenosa.