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Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RDNC) llevarán hasta la opinión pública internacional la denuncia en contra de siete bancos, al tiempo que denunciaron la complicidad de la Superintendencia de Bancos, que en lugar de regular las buenas práctica financieras está tratando de desviar el curso de la demanda.

El 17 de junio de este año, la RNDC denunció ante el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) las prácticas oligopólicas de los bancos nacionales, “cuyos funcionarios se han coludido para establecer las tasas de interés de las tarjetas de crédito en perjuicio de los consumidores nacionales”, informó Jorge Eduardo Rooseess, miembro de esta organización.

Agregó que el martes fueron notificados de que ya el período de pruebas había cerrado el lunes, por lo que el Procomptencia tiene tres días para dar un fallo y este plazo vence hoy. “De forma que ahora tienen dos opciones”, afirma Rooseess, “una es que Procompetencia acepte la demanda y proceda a entrar al fondo, o también puede decirles que no tiene competencia para verlos”.

Sin embargo, la Red asegura que si Procomptencia no responde la demanda, recurrirán de Amparo. En caso de que falle en contra, incluso podrían recurrir por la vía penal argumentando el Código Penal en lo relativo a delitos en contra de los consumidores.

BDF acepta jurisdicción
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobanp, introdujo un escrito de Incidente de Incompetencia de Jurisdicción en contra de la Red, en donde alegan que ellos son un mercado regulado por la Superintendencia de Bancos, SIB. No obstante, la posición de Procompetencia ya está prácticamente definida cuando uno de los demandados, el Banco de Finanzas, BDF, aceptó la jurisdicción.

Sin embargo, el directivo de la Red sostiene que la denuncia no es contra las prácticas de la banca comercial privada, sino que está dirigida en contra de la violación al principio de libre comercio, consignado en la misma Ley de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, que establece en el artículo 46 y en el artículo 4 de la “Ley de Tarjetas de Crédito”, Ley 515, que “en los contratos que los bancos celebren con sus clientes, éstos podrán pactar libremente las tasas de interés”.

De forma que según Rooseess, la tasa de interés está sujeta al libre mercado, es decir, entre la oferta y la demanda.

No obstante, ahora la Superintendencia de Bancos a través de una carta que envió su titular, Víctor Urcuyo al presidente de Procompetencia, anuncia que “está procediendo a iniciar investigación respecto a los hechos denunciados ante ese instituto, en contra de las entidades siguientes: 1. Banco del Éxito, S.A.; 2. Banco Citibank de Nicaragua, S.A.; 3. Banco de La Producción. S.A.; 4. Banco de América Central, S.A.; 5. Banco de Finanzas, S.A.; 6. Banco Procredit. S.A. y 7. Banco de Crédito Centroamericano, S.A.”.

En reiteradas ocasiones Urcuyo ha dicho que no tiene nada que ver en este caso relativo a las tasas de interés, las cuales están reguladas por el mercado, pero ahora dice que realizará una investigación y anuncia que los resultados se darán a conocer en un mes; es decir, que el informe podría estar listo el 21 de agosto, tres días después de vencido el plazo para que Procompetencia emita su fallo.

Denuncia internacional
La Red denunció que la SIB está tratando de proteger a los banqueros e intenta evadir la ley. Rooseess señala que si Procompetencia no falla sobre el caso, entonces llevarán el mismo ante la opinión pública internacional. “Es la primera vez en Latinoamérica que las instituciones financieras de un país son denunciadas”, afirma.

En tal sentido, asegura que a nivel internacional se está trabajando en la creación de la alianza internacional por un mercado financiero internacional justo, promovido por la organización global Consumer International, la cual podría llevar el caso hasta la opinión pública internacional.