•   San José, COSTA RICA  |
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Académicos, abogados y grupos que defienden la ecología presentaron más denuncias contra la mina Crucitas, aumentando así las presiones legales contra la empresa canadiense que pretende extraer oro a cielo abierto en un área colindante con Nicaragua.

En tanto, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, advirtió que si el gobierno costarricense mantiene la concesión minera a la empresa Infinito Gold, estaría violando el derecho internacional por el impacto ambiental que sufriría el río San Juan.

Las nuevas denuncias ante  el Tribunal Contencioso Administrativo las planteó un grupo  de académicos de la Universidad de Costa Rica, liderados por el biólogo Jorge Lobo, así como por el movimiento Unión Norte por la Vida, Unovida.

Ambos grupos se oponen a la minería, y aseguran que el uso de cianuro podría contaminar el río San Juan.

Lo planteado por los universitarios se adjuntó a otra denuncia penal que desde 2008 de tramita en el mismo Tribunal y que fue presentada por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Apreflofas, por lo que un juez penal citó a una audiencia a mediados de mes para conocer la causa.

Despalan por decreto
Uno de los planteamientos del grupo académico universitario, es que el permiso ambiental dado a Infinito Gold para extraer oro en Crucitas ordena respetar aéreas protegidas, pero con el decreto ejecutivo de hace dos años que declaró de interés nacional esta mina, la empresa taló árboles en éstas áreas.

Por su parte, Unovida denunció por medio de su representante Edgardo Araya, que aún no existe un estudio del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento que demuestre que mantos acuíferos inferiores que abastecen de agua potable a las comunidades no serán contaminados.

Otro alegato, según Araya, es que el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica nunca avaló los planos  que se utilizaron para otorgar el estudio de impacto ambiental en Crucitas.

Las presiones contra la mina aumentan en diversos en diversos frentes. Esta semana AIDA presentó en la Universidad de Costa Rica el análisis denominado “Proyecto Minero Crucitas: violaciones al derecho internacional y posibles impactos ambientales”.El mismo asegura que  Costa Rica puede enfrentar una posible demanda millonaria por parte de Nicaragua ante un tribunal internacional.

“Si el Gobierno de Costa Rica permite el desarrollo del Proyecto Minero Crucitas se violaría el derecho internacional aplicable,  particularmente el principio de prevención, la obligación de no contaminar los territorios de otras soberanías, la obligación del Estado de informar a
otros Estados (en este caso Nicaragua), de los posibles impactos que una actividad puede tener sobre su jurisdicción”, dice el estudio. AIDA cuestiona la capacidad técnica del gobierno tico para controlas y supervisar este tipo de proyectos.