•  |
  •  |
  • END

Una solicitud de orden de captura contra el titular de la DGI, Walter Porras, pende sobre su cabeza por desobediencia y rebeldía, en el caso del señor José Thomas Gómez Leiva, quien lo acusa de discriminación y desobediencia a la autoridad.

Pablo Fernández Martínez, titular del Ministerio del Transporte e Infraestructura, MTI; Jeanette Chávez, Ministra del Trabajo, y el edil de Granada, Eulogio Mejía, también podrían ser requeridos por la autoridad, si continúan sin acatar las resoluciones judiciales remitidas en diferentes casos relacionados con los despidos laborales injustificados.

Álvaro Leiva Sánchez, de la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y Secretario de Asuntos Laborales de la Fedetrasep, dijo que “tienen que acatar las sentencias judiciales, y deben comparecer por un requerimiento de una autoridad competente judicial y respondan. Ningún funcionario está por encima de la ley ni de la Constitución, a la que le deben obediencia”, alegó.

Leiva indicó que estos funcionarios también han sido requeridos por la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, encabezada por los diputados Carlos Noguera y Alejandro Bolaños Davis, para que respondan por las arbitrariedades que les acusan.

Según el representante de la Oficina de Asuntos Laborales, el titular de la DGI no se presentó a ninguno de los tres requerimientos de los juzgados, donde el acusador asegura que fue discriminado, y después de tener sentencia firme la dirección de la institución se niega a reintegrarlo, y tampoco le pagan los 535 mil córdobas en concepto de liquidación y salarios caídos entre el 22 de noviembre de 2007 y el 3 de marzo de 2009.

Señaló que su actitud tiene que desencadenar en orden de captura, que deberá ser ejecutada por la Policía Nacional. Porras también próximamente tendrá que responder por los más de 400 despidos ejecutados contra servidores públicos, quienes tienen procesos judiciales en su contra. Se espera, además, que entre 30 y 40 sentencias judiciales sean dadas a conocer, y de ser a favor de los trabajadores, se acumularán al juicio pendiente.

Indicó que las instancias judiciales tienen el requerimiento y sólo se espera que, esta semana, la orden de captura sea girada por el judicial a las instancias policiales. De no ser así, el Poder Judicial estaría cayendo en retardación de justicia, y la situación sería más grave aún para el Estado de Nicaragua.