José Adán Silva
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Varias organizaciones nicaragüenses solicitaron al Estado de Nicaragua una demanda contra Costa Rica, al tiempo que emitieron un pronunciamiento en respaldo y solidaridad con la protesta que grupos ambientalistas realizan en San José, Corta Rica, contra el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas.

La proclama la emitieron los representantes de las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses Centro Humboldt, Fundación del Río, Proyecto Socio-ecológico de León e Hijos del Río.

Bajo consideraciones legales del juicio que se libra en Costa Rica, los miembros de las organizaciones citadas se pronunciaron en contra de la Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto de minería a cielo abierto “Crucitas”, de la compañía Industrias Infinito S.A., ubicado en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, a cinco kilómetros de la ribera sur del Río San Juan de Nicaragua.

Ellos exigen a las autoridades nicaragüenses que demanden al Estado de Costa Rica “por las posibles violaciones al derecho internacional ambiental que comprometen la soberanía del país, el derecho comunitario a habitar en un ambiente saludable y de que la actividad que realice este país no ocasione daños a terceros”.

De la Asamblea y de Parlacén

Del mismo modo, solicitaron acciones jurídicas de la Asamblea Nacional nicaragüense, así como la intervención del Parlamento Centroamericano, respecto de una resolución emitida el 30 de abril de 2010, “donde señala en el caso particular del Proyecto Crucitas, demandar de los Estados miembros del SICA el cumplimiento de los convenios y acuerdos internacionales y de integración suscritos en materia de conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente y los recursos naturales, tal cumplimiento amerita la revisión de licencias y concesiones otorgadas por los gobiernos para las actividades mineras y de manera especial aquellas que afectan cuencas binacionales y poblaciones fronterizas”.

Según los firmantes, el proyecto minero “traerá potenciales afectaciones al curso hídrico y poblaciones circundantes ubicadas en el río San Juan, Nicaragua, debido a eventuales procesos de sedimentación y contaminación que incidirán negativamente en estos ecosistemas y su biodiversidad, en la calidad de sus aguas, en la navegación, la calidad paisajística y el potencial eco-turístico de esta zona”. “Nos solidarizamos y apoyamos todas aquellas acciones emprendidas por las líderes comunitarios y organizaciones ambientalistas de Costa Rica que están luchando para que se suspenda el proyecto Crucitas”,
Ellos solicitan a la presidenta Laura Chinchilla la derogación del Decreto 34801-Minaet, emitido por el anterior gobierno que presidió Oscar Arias.