Oliver Gómez
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En lugar de enfrascarse en tensiones y conflictos, los gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua deberían velar por el respeto al medio ambiente y los derechos de sus ciudadanos, especialmente en toda su franja fronteriza, donde han cedido a intereses de transnacionales que lesionan el desarrollo de la población y la conservación ambiental de la zona, con el apoyo económico de los organismos financieros.

De esa manera se pronunciaron los miembros del Tribunal Centroamericano de Justicia Climática, al terminar su sesión el fin de semana pasado. Es una estructura que forma parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, una iniciativa de diversas organizaciones que busca justicia en diferentes países ante la ausencia de la misma en casos concretos.

Dolores Jarquín, dirigente del Movimiento Social Nicaragüense, que es parte de la Alianza Social Continental Centroamericana, explicó que sesionaron el 29 y 30 de octubre en Managua con el fin de evaluar ante la opinión pública siete casos específicos.

Juicio de ética

“Es un juicio de ética, es un tribunal de conciencia que no tiene curso en la vía legal, no es vinculante sino social”, explicaron los organizadores, quienes llamaron a ambos gobiernos a actuar de manera justa con sus ciudadanos, además de convocar a los organismos financieros para que revisen los requisitos de asignación de sus recursos económicos, para que cumplan con la verdadera protección y defensa medio ambiental.

El caso más discutido fue el primero de la agenda, la minería a cielo abierto en la comunidad Crucitas de San Carlos, Costa Rica, donde la población ha mostrado su claro rechazo a la explotación de oro que pretende la canadiense Infinito Gold Inc, pues contamina la cuenca hidrográfica del Río San Juan.

No dejarse llevar

“Los nicaragüenses y los ticos no deberían dejarse llevar por los discursos de sus gobiernos, por posiciones oficiales que tensionan las relaciones. Deberían evaluar lo que han hecho en materia de políticas públicas para el desarrollo de la zona fronteriza, especialmente cuando las autoridades visitan estos sitios”, dijo Martín Cáceres, uno de los activistas que participó en el encuentro.

Jarquín dijo que la Reserva Forestal Indio Maíz, en el río San Juan, es otro caso que se evaluó pues los cultivos tradicionales fueron reemplazados por el monocultivo de palma africana, para la producción de biodiesel.

Explicó que esta práctica atenta contra la seguridad alimentaria de la zona y hay presión de parte de la empresa Palcasa de Nicaragua, para que los campesinos desalojen sus territorios pues no poseen títulos de propiedad.

La empresa camaronera Pescanova es otro caso, el cual se desarrolla en el occidente de Nicaragua. “Contamina las fuentes de agua por los químicos que usa para lavarlos y se suma la destrucción de manglares en este lugar”, agregó Cáceres.

El uso de agrotóxicos para la producción de banano, metanol, etanol y ron en el occidente del país, fue otro caso expuesto en el encuentro, pues aseguran que en el proceso industrial afectan los recursos hídricos con sustancias contaminantes, lo que también perjudica la salud de las comunidades.

“Más de ocho mil ex empleados del lugar padecen de insuficiencia renal crónica y se denuncia a empresas del grupo Pellas y las transnacionales Dolle, Chemikan, Occidentan, Del Monte y Chiquita Brand”, explicó Jarquín.

Conflictos por territorios

Los conflictos por territorios en la comunidad Awastigni, de la etnia mayangna, es otro de los casos presentados, pues los pobladores presentaron una demanda al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció a favor de los indígenas para que el Gobierno reconozca los derechos que tienen sobre sus territorios.

Y es que los gobiernos territoriales indígenas de Bosawás, Siuna, Bonanza y Rosita exigen que el Gobierno de Daniel Ortega, no siga entregando en concesión sus territorios para la extracción de madera, en el marco de ALBA Forestal.

Jarquín subrayó que otro caso similar es el último que se evaluó en el evento, donde se expuso que la comunidad indígena de Jinotega fue sometida a recibir en su territorio un proyecto de construcción de una generadora de energía eléctrica, de manera inconsulta.

El tribunal estuvo presidido por el candidato a Premio Nobel de la Paz, Francois Houtart, un sacerdote y sociólogo belga que trabaja para la Universidad de Lovaina, Bélgica. También por el cubano Armando Chaguaceda, Máster en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, y quien imparte cátedra en la Universidad de La Habana.

El meteorólogo nicaragüense, Clemente Martínez, junto a Salvador Montenegro, director del Centro de Investigación del Recurso Hídrico de la UNAN, también integraron el tribunal en compañía del hidrólogo William Montiel.