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Por tercera vez miembros de tres cooperativas de taxis de Granada se apostaron ayer frente a la Corte Suprema de Justicia, para demandar la pronta resolución de un Recurso de Amparo, introducido hace cinco meses, donde demandan la suspensión de 120 nuevas concesiones de taxis por supuestamente no cumplir con los requisitos de ley para prestar el servicio.

Los demandantes protestaban en las afueras con pancartas, morteros y altos parlantes, mientras los y las magistradas realizan la última Corte Plena del año.

Según José Rigoberto González Cruz, Presidente de la cooperativa La Gran Sultana, el problema surgió a inicios de este año cuando el edil granadino Eulogio Mejía, otorgó las 120 concesiones para brindar el servicio de transporte selectivo en esta ciudad sin cumplir los requisitos de ley.

De acuerdo con González Cruz, cada concesión fue cobrada entre 5 mil y 6 mil dólares, dinero que aparentemente “no fue a parar a las arcas de la municipalidad”. Las otras cooperativas en protesta son la Carlos Núñez Téllez y la Independiente. Se dieron las tres de la tarde, pero los demandantes no fueron atendidos, pues el personal ya estaba de salida, otros realizaban sus fiestas de despedida por departamentos y los magistrados no salían de Corte Plena.