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Miembros de la Junta Directiva del pueblo indígena de El Viejo y del Consejo de Ancianos, denunciaron su desacuerdo respecto de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, el jueves 16 de diciembre, en relación con una Junta de Facto que violenta su sus costumbres, estatutos y la misma Constitución de la República.

La Junta de Facto fue certificada y legalizada por el alcalde, el Concejo de este municipio y Gustavo Sirias, del Ministerio de Gobernación, señalaron los denunciantes.

Cristóbal Fidel Moreno Pomares, presidente de la Junta Directiva, señaló que esta resolución de la sentencia número 12 ultraja las leyes de los pueblos indígenas de 1914, 1918, 1935, y el Convenio 169 ratificado el seis de mayo de 2010.

Agregó que el gobierno de Daniel Ortega habla de la reconciliación nacional, pero se contradice, ya que no les reconoce sus propias leyes, tradiciones y culturas.

Nos llamó la atención que existiendo dos resoluciones a favor del pueblo indígena de El Viejo, una del 10 de junio y otra del 26 de noviembre del año en curso, la CSJ no se apegó a derecho, sino a una decisión política, ya que con la resolución pretenden confiscar las tierras comunales, irrespetando el Titulo Real comprado a la Corona Española en el siglo XVII.

También manifestaron que la Casta Indígena, descendiente de Agateyte y Tezoatega, es la dueña verdadera de los bienes del pueblo indígena de El Viejo y de la comunidad indígena.

Afirmaron que la Cofradía Indígena Virgen del Hato “es parte de nuestro legado ancestral surgida de las Bulas Papales Alejandrinas”.

El gobierno no es el dueño

Pomares aseguró que el dueño no es el gobierno municipal de El Viejo ni el Ministerio de Gobernación, ni la Procuraduría General de la República ni el Poder Ejecutivo, e instó a la población indígena a defender su patrimonio, sus costumbres, sus mitos, leyendas y sus tradiciones.

“No vamos a permitir que lleguen a tomar posesión de la imagen de la Virgen, ya que dicha sentencia no es firme”.

Además, dijeron que no quieren conflictos ni alteración al orden público por respeto a sus ancestros.

Asimismo, solicitarán a la CSJ la revisión de la sentencia dictada el 16 de diciembre del corriente año, en contra de la comunidad indígena de El Viejo, ya que están dispuestos a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que decida la violación de los derechos colectivos a que ha sido sometido el pueblo indígena de El Viejo.

También demandarán el respaldo incondicional del Sistema de Naciones Unidas para que los acompañe en el proceso de la CIDH, de la Sociedad Civil, “de cualquier nicaragüense indígena y no indígena, para que se hagan valer nuestras tradiciones, porque somos una organización ancestral y no ONG”, reiteró Cristóbal Fidel Moreno Pomares, presidente de la comunidad indígena de El Viejo.