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Decenas de taxistas del departamento de Granada de la Cooperativa Gran Sultana, realizaron ayer viernes un plantón frente a las instalaciones de la Contraloría General de la República (CGR) para demandar a los contralores que realicen una auditoría y se pronuncien sobre una ordenanza municipal que aprobó 120 nuevas concesiones y que califican de ilegal.

Los trabajadores del volante denunciaron que, en abril de este año, concejales liberales de Granada aprobaron otorgar, ilegalmente, las nuevas concesiones, las cuales han estado negociando con pobladores del lugar por montos que van desde un mil hasta 6 mil dólares. Según José Leonel Treminio, miembro de dicha cooperativa, el mes pasado interpusieron la denuncia en la Contraloría y solicitaron una auditoría al proceso que produjo las concesiones.

“Venimos hasta Managua porque queremos que la Contraloría investigue, porque también tenemos fallos judiciales que son beneficiosos para nosotros y están siendo desacatados por el alcalde y por su Consejo Municipal”, aseveró Treminio.

Ya saben resultado

Los obreros del transporte selectivo manifestaron su preocupación porque aseguran que el secretario del Concejo de Granada, Otto Navas, afirmó que en la primera sección de la CGR del mes de febrero saldría una resolución a favor de la decisión que tomó la alcaldía.

“Nosotros seguimos manteniendo que esos procesos de concesiones no se hicieron con lo que establece la ley, pues le corresponde al órgano fiscalizador confirmar la denuncia que estamos haciendo, ya que la ley 40, en su artículo 28, numeral 21 establece que la votación de un patrimonio particular del municipio se debe votar con la quinta parte del Concejo y en esa sesión sólo votaron siete concejales y debieron haber votado ocho”, indicó Treminio.

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