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Para lograr el saneamiento de la totalidad de las propiedades en el departamento de León y elaborar un diagnóstico situacional que permita resolver los conflictos del uso y tenencia de la tierra, distintas instituciones del Estado, con fondos de la cooperación externa, impulsan el proyecto del barrido catastral en los 10 municipios de la localidad.

Los trabajos del barrido catastral iniciaron a mediados del año anterior en Achuapa y El Sauce, pero a partir del 25 de enero al menos 500 brigadistas, entre abogados, topógrafos y demás funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), Intendencia de la Propiedad y del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), estarán desplazados en los demás municipios (El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, Nagarote, La Paz Centro, Malpaisillo, Quezalguaque, Telica y la cabecera departamental, León).

Con apoyo de la Cuenta Reto del Milenio (CRM), en 2009, los trabajos del barrido catastral en Nagarote tuvieron avances significativos, sin embargo, la junta directiva de dicha entidad en Washington canceló una contrapartida de 68 millones de dólares, después del fraude de las elecciones municipales.

Además del Programa de Regulación de la Propiedad financiado por el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, a través de la CRM fueron afectados otros proyectos de desarrollo en el Occidente del país.

“Los beneficios que trae consigo el barrido catastral beneficia no sólo al Estado sino también a los poseedores de la propiedad. La inspección conlleva la medición y la verificación de la posesión legal de la propiedad, posteriormente el Estado procederá con un diagnóstico que implique cotejar los datos registrales y catastrales de la propiedad para conocer si es de domino privado, pertenece al Estado”, dijo Paulo Ventura, delegado Departamental de la CGR.

 El funcionario agregó que los primeros resultados encontrados en el barrido catastral confirman que muchas propiedades que en el pasado fueron entregadas a través de la Reforma Agraria, todavía no han sido traspasadas al Estado y por lo tanto quienes actualmente habitan dichas propiedades carecen de dominio y posesión legal.
 
En Achuapa y El Sauce se identificaron al menos 16 mil propiedades con problemas, carecen de antecedentes registrales, y de dueños, “de conformidad al articulo 614 del Código Civil, toda propiedad que no tiene dueño pertenece al Estado, y es lo que estamos investigando para legalizar las propiedades, inscribirlas a nombre del Estado, y después que termine el barrido, se procederá con la titulación”, aseveró Ventura.

 En la cabecera departamental se estima inspeccionar alrededor de 41 mil parcelas, según Paulo Ventura las comunidades costeras de Salinas Grande, Poneloya y Las Peñitas es donde se acentúa el problema de la propiedad, tanto la Comunidad Indígena de Sutiaba (CIS), como la alcaldía adjudican derechos de posesión y administración, refirió tras mencionar que el barrido catastral cuenta con el financiamiento de Alba Sur-Venezuela y el Banco Mundial.

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