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Las instituciones del Estado no están acatando las resoluciones emitidas por la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, ya que según un estudio realizado por la institución, tan sólo el 23% de casos de violaciones a los derechos de las personas han tenido cumplimiento.


Según los datos estadísticos, en 2010, de 495 resoluciones emitidas únicamente 114 tuvieron cumplimiento en la restitución de derechos de los ciudadanos, lo que representa el 23%. Mientras tanto, el nivel de violaciones a los derechos humanos en las instituciones públicas se incrementó en un 157%, pasando del 192 en 2009, a 495 en 2010.


De las instancias gubernamentales más denunciadas, la Policía Nacional encabezó la lista con 1,291 casos en su contra, que representa el 35% del total, seguida del Poder Judicial con el 14%.


En el tercer puesto está el Sistema Penitenciario, después el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, y el Ministerio de Gobernación.

Policía Nacional es la que más acata
Omar Cabezas, quien sigue de manera de facto al frente de la PDDH, aseguró que si bien la Policía Nacional está al frente de las denuncias, es la institución que más acata las resoluciones emitidas.


Jenny Palacios, Directora de Defensa de la PDDH, dijo que entre los derechos más violentados están el debido proceso, con 759 denuncias, seguido de la integridad personal con 731, el acceso a la justicia con 550, petición y pronta respuesta por parte de las autoridades (396), la libertad individual, que comprende detenciones sin orden de captura (313), el derecho al trabajo (140), el derecho a la salud (117), a la propiedad privada (110), a las prestaciones sociales (98) y la seguridad social (90).


En comparación con 2009, en 2010 la cantidad de denuncias, competencia de la PDDH, se incrementaron en 168, llegando a los 1,731 casos, en los cuales 807 corresponde a víctimas mujeres y 658 a niñas, niños y adolescentes.


Cabezas afirmó que se han cerrado 5,053 expedientes, y admitió que hay un remanente de casos que llegan a los con 1,662 pendientes de cierre.


Comentó que hay mucha burocracia para dar cumplimiento a los derechos de las personas en Nicaragua e incluso en la Ley 212, de la PDDH, por lo cual solicitarán una reforma al Poder Legislativo, para que se agilice el tiempo y las gestiones.