•   RÍO SAN JUAN  |
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Las organizaciones ambientalistas costarricenses CoecoCeiba y Amigos de la Tierra cuestionaron a la presidenta Laura Chinchilla por su discurso  ambientalista desajustado de la realidad.


“El caso Calero es paradójico, porque por un lado se denuncia la destrucción de humedales como estrategia de reclamo frente al accionar nicaragüense, pero no se toman medidas para cuidar el Río San Juan en forma integral: no se controlan las piñeras, no se detiene a los madereros ni se hace nada contra la tala ilegal”.


En una publicación que nos llegó, firmada por Grace García Muñoz, de CoecoCeiba AT, y quien mantiene la coordinación regional de Justicia Económica y Lucha contra el Neoliberalismo, ATALC, sostienen que en cuanto a la institucionalidad del Gobierno tico “sigue débil y sin promover un rumbo que nos señale que el desarrollo en el país no continuará siendo depredador y contaminador del ambiente. Incluso, todavía recordamos la denuncia del Tribunal Ambiental en cuanto a la reducción de su presupuesto”.


Refieren que “a raíz de la agresión de los militares nicaragüenses a los humedales de Isla Calero, la actual Administración ha insistido en el tema ambiental como uno de sus principales argumentos a nivel nacional e internacional. En un momento dado su gobierno llegó a criticar públicamente a los grupos ecologistas por no salir de manera inmediata a la defensa de estos humedales. Sin embargo, la historia tiene muchas aristas que es conveniente revisar, sobre todo desde la perspectiva del gobierno de la presidenta Chinchilla”.


No hay medidas frente a impactos más profundos
Señalan que cuando los ecologistas cuestionaron el dragado al Río San Juan sin que se mostrara la documentación técnica respectiva. “El canciller René Castro ‘tranquilizó’ a la opinión pública explicando ‘que todo estaba bien’ y que no iba a pasar nada, ignorando de hecho las advertencias de nuestro sector. Luego el ecologismo ha venido insistiendo que los humedales tanto de Calero como de toda la región, se deben proteger de manera integral y que es hipócrita invocar el ambiente frente a las agresiones militares a los humedales de Calero, cuando aguas arriba no se toman medidas frente a otros impactos quizás más profundos”.


Al respecto, mencionan la expansión de monocultivos como la piña y el banano, causantes de severa erosión y derrames de pesticidas en toda la parte tica del Río San Juan.


Asimismo, la deforestación por la tala destructiva de bosques, y “hasta hace poco hablábamos también, de la amenaza del proyecto minero Crucitas, al cual la presidente, teniendo la oportunidad de vetar el decreto que lo nombraba como proyecto de conveniencia nacional, no lo hizo”.


Reconoce que Chinchilla ha realizado algunos esfuerzos en el campo ambiental, como el decreto del 8 de mayo del pasado año, que declara una moratoria a la minería metálica. “Fue un gesto importante, sin embargo, la realidad es que su gobierno ha seguido la línea de su mentor Óscar Arias, continuando la guerra contra el ambiente”.


En cuanto a las debilidades del gobierno en el campo ambiental, indican el tema de minería, e historian paso a paso el proceso contra el proyecto minero Crucitas. “En esta área, más que una contradicción, vemos un discurso y un accionar hipócrita: se dice no querer la minería pero se apela la sentencia y no se firma el proyecto de ley”, afirman.  


Alrededor del monocultivo, manifiestan que la situación en cuanto al monocultivo de la piña sigue igual y empeorando. El área ocupada por este cultivo sigue en aumento, las comunidades continúan denunciando la presencia de químicos en sus aguas, y periódicamente se anuncian nuevas medidas desde el Poder Ejecutivo que nunca son implementadas. La expansión piñera está teniendo un impacto directo en los niveles de sedimentación de los humedales en la costa caribeña, incluyendo los de Calero”.

Humedales ticos en peligro
En el tema de bosques denuncian que la actual Administración continúa subsidiando a los madereros con fondos que deberían dedicarse al pago por servicios ambientales. “En lugar de proteger, el gobierno da dinero para que nuestros bosques se destruyan”.


Las actividades turísticas continúan expandiéndose a expensas de los humedales que son destruidos: el caso Rius es paradigmático, y las denuncias en el caso Zapotillal confirman un compadrazgo en beneficio de la inversión financiera en materia hotelera. La impunidad es la situación dominante, y hoy en día, una enorme cantidad de humedales se encuentran en peligro”.


Condena lo que califican la “mercantilización de la naturaleza, “la tendencia neoliberal de ver la Naturaleza como una cosa que se compra y se vende continúa. “Podríamos seguir sumando: continúa el aleteo de tiburones, la situación de los/as pescadores/as artesanales no ha mejorado, el país sigue fomentando el agronegocio y perdiendo cada vez más soberanía alimentaria”, aseguran.