•   GRANADA  |
  •  |
  •  |
  • END

La Defensoría Pública de Nicaragua y la Alcaldía de Granada suscribieron un convenio de colaboración y apoyo, a fin de agilizar las gestiones en esas instituciones y dar respuestas eficientes a las necesidades de la ciudadanía. Los cabildos municipales figuran dentro de este acuerdo como una herramienta para difundir los derechos fundamentales y las normativas nacionales e internacionales, para poder acceder a la administración de justicia.

La directora nacional de la Defensoría, Clarisa Ibarra Rivera, expresó que la construcción de ciudadanía es uno de los componentes del convenio, pero además hay otros elementos. “También tenemos la prestación del servicio; como nosotros estamos ampliando el servicio en materia de familia aquí en Granada, eso implica que tenemos una defensora que está única y exclusivamente para dar asesoría a todas aquellas madres que requieren de pensión alimenticia o de la disolución del vínculo matrimonial, a causa de la violencia intrafamiliar. La alcaldía va a ayudarnos mucho con eso”.

Considerando que deberá hacerse varios trámiles legales y que las beneficiadas son mujeres de escasos recursos económicos, la comuna pondrá a disposición las partidas de nacimiento de los hijos y el certificado de matrimonio, sin costo alguno.

La defensoría –por su parte- se comprometió a colaborar con las comisiones de trabajo del Concejo, pero principalmente con la comisión de género en aspectos relacionados a la promulgación de los derechos y leyes dirigidas a mujeres, niñas, adolescentes u otros sectores vulnerables para que se apropien de las garantías individuales, políticas, sociales y de familia.

De igual forma, la funcionaria dice que cooperarán con la construcción de ciudadanía mediante la educación y capacitación.

Beneficios
Rivera resaltó algunos beneficios.  “Por limitación económica muchas personas no acceden a la justicia en nuestro país, por eso estamos ofreciendo la defensoría sin cobrar ni un solo córdoba. Este convenio beneficia a la sociedad en cuestión de conocimiento, porque existe un analfabetismo jurídico de ignorar que los delitos no trascienden a la persona, si yo cometo un delito, mi madre no podrá responder por mí”.