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El incremento de la delincuencia y la gravedad de las transgresiones motivaron a las autoridades del Complejo Judicial de la Circunscripción sur, en Granada, a aplicar medidas de seguridad interna en dichas instalaciones.  En adelante es efectiva la prohibición de portar armas de cualquier tipo, la reducción de  acompañantes  para el  procesado y la introducción de alimentos en las celdas  donde la persona aguarda  para  pasar  a  audiencia. Tampoco se puede entrar al edificio usando short y chinelas.

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, TAG, Norman Miranda, explicó que anteriormente la seguridad era un aspecto bucólico (flojo) del que no se había apropiado ninguno de los miembros de conforman el Cuerpo de Protección Física (CPF). “Los encargados de la seguridad no estaban empoderados del tema, ni siquiera hacían lo mínimo, incluso creo que eran poco valientes y temerosos frente a situaciones que necesitaban repuestas enérgicas. Y eso vino empeorando más”.

“Medicina” preventiva
Fue precisamente él quien hizo la solicitud a la Corte Suprema de Justicia como una medicina preventiva considerando que esta circunscripción  es  una  de  las  más  frágiles  en el  tema  de  la  narcoactividad. La Suprema respondió enviando a Ronald Márquez, un especialista en seguridad que desde hace tres semanas está al frente de esa área.

El nuevo funcionario llegó asignando responsabilidades y planeando encuentros con la Policía Nacional y la Dirección General de Bomberos, instituciones  involucradas en seguridad ciudadana. “Hemos  convenido  con  la  Policía  para  hacer ejercicios de tiro en seco y hemos hablado con  el  jefe de los bomberos, quien  ya  visitó las instalaciones y reconoció cuáles son los puntos vulnerables  del complejo. También pensamos realizar simulacros de incendios o de otro tipo de desastres”, anunció Márquez.

200 personas a diario
El Complejo está conformado por dos Juzgados Local Penal, un Juzgado de Distrito Penal de Audiencias, un Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes, un Juzgado de Distrito Penal de Juicio y un Juzgado de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria. Este último que dirige el doctor Vicente Santamaría, en agosto del 2010, fue objeto de ladrones que sustrajeron dos computadoras y dos CPU.

Además hay un área administrativa, oficinas de informática, divulgación y prensa, defensoría pública, biblioteca y registro de la propiedad. Datos oficiales señalan que a diario unas 200 personas llegan a realizar trámites al edificio.

“Aquí no se acostumbraba que hubiera un guarda de seguridad en la celebración de los juicios… cualquier cosa pudo haber pasado.

Hoy, nuestro equipo conformado por trece personas que están entusiasmadas tratando de hacer lo mejor, porque me confesaron que no tenían orientaciones de nadie. Estaban a la voluntad de lo que querían”, apuntó Márquez. Miranda agregó que desde la llegada de los nuevos funcionarios se empezó a concretar una coordinación con la Policía Nacional para que esta institución capacite y supervise a los CPF. “Una capacitación que tiene aval en los artículos 41 y 43 del reglamento de la ley 228. La Policía en el ámbito del trabajo preventivo público tiene derecho a supervisar a los vigilantes privados armados”.

La divulgadora, Marielena Campos, aseguró que medidas similares estarán aplicando en las oficinas judiciales de los municipios de Granada y Rivas.