•  |
  •  |

Una demanda judicial mantiene enfrentados al ingeniero Julián Arellano Ortega, propietario de la empresa Construcciones Arellano Ingenieros, con los inversionistas daneses Eric Struve, Soren Haslot y Olli Ficher, de una sociedad llamada Vamos Group e Iguanas Condo Development, luego que el primero acusara por apropiación y retención indebida de maquinaria, equipos y herramientas de construcción.

En 2006, los daneses contrataron a Arellano Ingenieros para edificar tres  condominios en las playas de Tola, en el lugar conocido como Hacienda Iguanas, pero en 2008 el contratista decidió retirarse por condiciones que no le favorecían. Los daneses se resistieron a devolver las compactadoras, mezcladoras de concreto, plantas de generación eléctrica, andamios metálicos y máquinas de carpinterías, según denunció Arellano Ortega.

 “Les dije que me retiraba y me llevaba mis equipos; me respondieron que les pasara una propuesta para el alquiler de la maquinaria, cuando se las pasé dijeron que la iban a pensar. Quince días después envié a mi representante a retirar todo, pero los daneses alegaron que las máquinas eran de ellos”.  

Supuestamente, estos se aprovecharon de un préstamo de nueve mil dólares que en julio del 2008 Arellano les solicitó para pagar una planilla. “A cambio del préstamo me dijeron que pusiera de garantía una escritura de compra-venta con pacto de retroventa. El problema fue que dos meses después cuando les cancelé a través de un depósito, no quisieron devolverme el documento”.

 

Daños por más de 500 mil dólares
El afectado introdujo acusación en el Juzgado Único de Tola, demandándolos por retención ilegal y daños agravados por 416 mil dólares. Más una demanda con sentencia firme ratificada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada por 142 mil dólares. 

Por temor a quedarse sin nada, Arellano dice que aceptó una propuesta, realizada en marzo del 2010 por la suma de 60 mil dólares, distribuida de la siguiente manera: 15 mil dólares al cerrar el trato, otros 15 mil un año después y 30 mil dólares dos años más tarde. Pero el dinero nunca llegó.

“Me siento decepcionado porque parece que las juezas Fonseca y Toruño, que conocieron el caso, no vieron el delito perpetrado ni artículo aplicable en el Código Penal”, lamentó.

La otra versión
La doctora Lucía Flores Centeno, representante legal de los daneses, accedió a hablar con END y explicó la supuesta retención de los equipos. “Existe un contrato de compraventa con pacto de retroventa, que es lo que dio origen al conflicto. Los abogados de Julián jamás instaron la retroventa con esa minuta de depósito que él dice haber cancelado, lo que no fue así”, sostuvo.

El contrato establece la compra de un camión y máquinas. Contrario a esto el ingeniero Arellano procedió a poner una denuncia en el Ministerio Público por el delito de apropiación indebida para intimidar a mis clientes por la vía penal, dijo.

Centeno añadió que sus clientes se convirtieron en víctimas de Arellano, al inflar exageradamente la cantidad real.  

“Hay discrepancia entre el valor que originó este conflicto y las demandas que han terminado con sentencias que mandan a pagar 78 veces más del origen de la demanda, el cual fue 9 mil dólares. Los derechos de mis clientes fueron violados por la juez Donaji Meza, quien comenzó un juicio de absolución de posiciones sin notificar a las partes, culminando este juicio en una sentencia que manda a pagar 429,535 dólares en concepto de daños y perjuicios, los que jamás ha demostrado el señor Arellano”, resaltó.