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OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

El gobierno de “Unidad y Reconciliación” logró copar la mayoría de los 11 cargos de la junta directiva del Consejo de Desarrollo Departamental (CDD-NS), en una elección realizada por este ente consultivo el último miércoles, calada por el desorden y la tendencia al unipartidismo rojinegro, en una instancia creada para la consulta democrática y la participación ciudadana en la gestión pública, local y nacional.

Las votaciones fueron a mano alzada, en la que no se sabía quienes lo hacían a favor, en contra o en abstención, si lo hacían sólo los empadronados en el CDD-NS o también los invitados.

Once organizaciones de la sociedad civil no esperaron para reaccionar, y de inmediato emitieron un pronunciamiento público donde calificaron el proceso dirigido por el propio gobierno, como un obstáculo para el “proceso democrático en el CDD-NS”.

La verificación del quórum fue realizada por la delegada del Ministerio de la Familia, Ignacia Matute, lo cual fue calificado como un “asalto” o usurpación que violentó el reglamento interno, porque correspondía a la Junta Directiva saliente, según once organizaciones civiles que emitieron un pronunciamiento público.


Contra todo lo que huele a anti orteguismo
El partido de gobierno evidenció un interés premeditado por sacar del juego a representantes independientes de la sociedad civil, como es el caso de Máximo Ramos, de la Cámara Nicaragüense de Turismo (Cantur), y Bertha Flores, de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer y Niñez (Fundemuni), a quienes pidieron sin pudor que depusieran sus candidaturas por la SC, para darle lugar a dos personas de los comités de desarrollo local de San Fernando y Jícaro, de las que se desconocía si contaban con el aval de sus respectivas asambleas.

Tanto Ramos como Flores rechazaron las presiones y defendieron su derecho a participar en CDD-NS en representación de sus bases. Ramos dijo que él no estaba en carácter sólo de Ocotal, sino de 8 municipios donde Cantur ha impulsado la organización e iniciativas de negocios en el sector turístico.

Por su parte, Flores dijo que no se le podía negar su espacio, como representante de una ONG departamental que ha impulsado la participación ciudadana y el fortalecimiento de los comités de desarrollo.

Al final, el gobierno cumplió su cometido, y tendrá asegurados 8 votos de 11 que conforman la junta directiva del CDD-NS; 3 oficialistas, 2 alcaldes y 3 de la sociedad civil con reconocida filiación rojinegra. En el futuro vendrán a la asamblea los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que dirige la primera dama Rosario Murillo.

Las once organizaciones de la sociedad civil también protestaron por habérseles irrespetado el consenso autónomo que realizaron previamente para proponer sus candidatos, pues dos de ellos fueron cambiados por la propuesta de la comparsa política que armaron afines al partido gubernamental.

La nueva junta directiva quedó coordinada por el gobierno a través de Juana Audely Cruz Peralta, Delegada de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT); vice coordinador, Franklin López Moncada, sociedad civil (SC); tesorero, Rúbrico Castellón, SC; secretario, Fanor Castillo, de la Dirección General de Ingresos; fiscal, Felipe Barreda, de Gobernación; divulgación y prensa, Humberto Pérez Largaespada, alcalde de Jalapa.

Como vocales quedaron electos: Máximo Ramos, de la Cámara Nicaragüense de Turismo; Ligia Vanegas, de la Comunidad Indígena de Mozonte; Cándida Vásquez, SC; Ariel Flores, Edil de Macuelizo; y Carmen Aberruz, Alcaldesa de Dipilto.