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SAN CARLOS/RÍO SAN JUAN

Promover actividades productivas coherentes con el desarrollo sostenible en el territorio fronterizo y prohibir las altamente degradantes, como la expansión de los monocultivos y la minería a cielo abierto --a propósito del proyecto minero Crucita-- son parte de las 25 demandas contenidas en la Carta de los Ríos, firmada por gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones sociales y culturales de Costa Rica y Nicaragua que conviven en la gran cuenca de río San Juan.

En el marco de la celebración del Concierto Ambiental de la Orquesta del Río Infinito, motivado por la alianza Los Humedales del Norte de Costa Rica y el Consorcio Gaspar, de Nicaragua, y promovido por el Proyecto Alianzas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, los aliados de ambas naciones apelaron a los principios de soberanía, buena vecindad, cooperación transfronteriza, uso equitativo, gestión integrada, conservación de ecosistemas y el deber de “no causar daño”.

En la Carta de los Ríos, que será presentada en la Cumbre de Presidentes sobre los Cambios Climáticos, a realizarse en mayo próximo en Honduras, los firmantes demandan respetar la filosofía de conservación del concepto Sistema Integrado de Áreas Protegidas para la Paz, Siapaz, para integrar en una biosfera binacional la Reserva Río San Juan-Nicaragua y la Reserva de Biosfera Agua y Paz-Costa Rica.

También el desarrollo de proyectos y planes que promuevan la restauración de los ríos, nacientes, riberas, riachuelos y humedales, y el acompañamiento a los gobiernos nacionales y locales en la elaboración de programas ambientales que promuevan la gestión del riesgo ante el cambio climático.


Declarar zonas protegidas
Instan también a las autoridades a declarar las áreas consideradas de interés para la conservación como zonas protegidas, con sus respectivos planes de manejo, así como promover la cooperación y coordinación entre instituciones públicas y gobiernos locales para mejorar la aplicación de la legislación ambiental.

Piden también apoyar el fortalecimiento de las instituciones públicas y gobiernos locales en cuanto a la asignación de recursos y personal para que puedan aplicar la legislación ambiental, a la vez que exhortan a los gobiernos centrales a capacitar a los funcionarios públicos, docentes y a las comunidades en cuanto a leyes, decretos y políticas ambientales.

Exhortan el cumplimiento de los acuerdos internacionales, incluyendo la Convención de Diversidad Biológica, el Protocolo de Kyoto, la Convención Ramsar sobre los Humedales, la Declaratoria de los Pueblos Centroamericanos y los Humedales (Solentiname 1999) y los acuerdos del I Encuentro Binacional de Alcaldes, Instituciones Públicas y Sociedad Civil, Nicaragua-Costa Rica, realizado en octubre de 2007 en Los Chiles, en el marco del trabajo de la Comisión Transfronteriza Costa Rica-Nicaragua.

Asimismo, promover la armonización de las leyes por delitos ambientales de los dos países, con el fin de que se complementen y puedan ser aplicadas y exigir a los gobiernos el cumplimiento de las regulaciones de Evaluación de Impacto Ambiental.


Negociar deuda para rehabilitación ambiental
En la Carta de los Ríos recomiendan también en materia económica: instar a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua la búsqueda de un mecanismo de negociación de la deuda externa de Nicaragua con Costa Rica en función de la rehabilitación ambiental, la mitigación y la adaptación al cambio climático en la gran Cuenca del río San Juan, y que los fondos que se generen, sean manejados de forma conjunta con las comunidades y gobiernos locales de la zona binacional.

Urgen a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua realizar las acciones necesarias para continuar y agilizar los trámites ante los fondos GEF y el Fondo Mundial del Ambiente para impulsar las acciones de la segunda fase del Proyecto Pro-Cuenca río San Juan.

Proponen, entre otras cosas, motivar el fortalecimiento y la dinamización de la Comisión Binacional Costa Rica-Nicaragua para que potencie convenios de cooperación transfronteriza entre los gobiernos, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, comunidades y universidades.


Otras demandas
Instan a las autoridades flexibilizar los trámites migratorios.

Incorporar a jóvenes, mujeres e indígenas en los espacios de toma de decisión y participación local y transfronterizos.

Exhortan a los ministerios de Educación, de Ambiente y a las municipalidades que incorporen la educación ambiental en el sistema educativo formal.

Exigen mejorar los servicios básicos de energía, comunicación, agua potable y saneamiento, a través del incremento de la inversión pública, y promover la mancomunidad en los municipios fronterizos.

Promover el turismo rural comunitario como estrategia de apoyo para la reducción de la pobreza y preservación de los recursos naturales de esas comunidades.