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TOLA

La voracidad por la tenencia de las áreas costeras del municipio de Tola continúa generando nuevos conflictos, en los cuales aparecen implicados abogados e inversionistas nacionales y extranjeros, tal y como está sucediendo en una propiedad costera situada en la comarca Wiscoyol, del municipio toleño.

La propiedad fue adquirida vía compraventa por un extranjero que ahora se queja de ser víctima de un aparente tráfico de tierras, en el que están involucrados varios abogados.

El caso se ventila en el Juzgado Local Único de Tola, y según el expediente, la víctima es el norteamericano Christopher Evans Chartier, quien el nueve de noviembre de 2006 compró la propiedad que consta de siete manzanas con 5 mil varas cuadradas a Marcos Antonio González Fuentes.

Posteriormente, el extranjero fue contactado por Héctor José Lacayo Páez, quien le ofreció sus servicios como gestor para realizar los trámites de inscripción de la propiedad, por lo que, según la víctima, le entregó 2 mil dólares para iniciar las gestiones.

Ahora el Ministerio Público y la abogada particular María Enedina Castillo detallan en una acusación criminal que la acción de Lacayo Páez era parte de un plan para apropiarse del terreno que de buena fe adquirió el extranjero. En esta acusación se señala también a los abogados José Román Guzmán Zamora, Carmen Vanessa Mena Zepeda y al jinotegano Juan Thomas Altamirano, quien finalmente fue el que se quedó con la propiedad supuestamente de manera anómala.


¿Cómo expropiaron al extranjero?
Según los documentos aportados al expediente como prueba, Lacayo Páez, tras entrar en contacto con el extranjero, buscó el 18 de abril de 2007 al abogado Román Guzmán, para que le notariara un poder generalísimo, otorgado a su favor por Evans Chartier.

Lo que nunca ocurrió fue la comparecencia del extranjero para la firma del documento, pues el diez de abril de ese mismo año había salido de viaje hacia Costa Rica, donde reside desde 2006.

En el expediente se detalla que el extranjero regresó al país hasta el 14 de agosto de 2007, y se señala que su ausencia fue aprovechada por Guzmán Zamora, Lacayo Páez, Mena Zepeda y Thomas Altamirano, para expropiarlo de la propiedad, tras una dudosa venta que Román Guzmán realizó en representación del extranjero a favor de Thomas Altamirano.

Según documentos en manos de EL NUEVO DIARIO, la venta que realizó Román Guzmán fue por la cantidad de 400 mil dólares. Posteriormente se señala a Lacayo Páez, Guzmán Zamora y Thomas Altamirano de realizar las gestiones correspondientes para inscribir la propiedad mediante la elaboración de la escritura número 53, y en este proceso es donde supuestamente participó la abogada Mena Zepeda.

Ahora, tanto los dos abogados, como Thomas Altamirano y Lacayo Páez, enfrentan un complejo proceso judicial, en el que se les acusa de falsificación de documentos públicos, uso malicioso de instrumentos públicos y usurpación del dominio privado, aunque en el caso de Mena Zepeda, sólo se le acusa de falsificación de documentos.


Extraña ausencia de juez
Por su lado, la fiscal Betania Obregón, que fue quien presentó la acusación, dejó entrever que existe preocupación por la manera displicente en que la juez suplente está manejando el caso. Lo dijo porque para este miércoles estaba prevista la realización de la audiencia inicial, pero sin ninguna explicación no asistió al juzgado.

Lo más llamativo del caso es que la fiscal y la abogada particular solicitaron a la secretaria de la judicial que levantará un acta en que se hiciera constar que estaban presentes para la realización de la audiencia, junto a tres de los procesados y su defensa. La funcionaria sin más, se negó.

En tanto, el abogado Giovanni Ruiz, quien defiende a Thomas Altamirano, indicó que su cliente compró de buena fe a Lacayo Páez en su carácter de apoderado generalísimo del extranjero. A la vez detalló que en la propiedad que adquirió su cliente se construirá un hotel.