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La juez Local Único del municipio de Tola, Astrid Fonseca, emitió a través de un exhorto una orden de allanamiento y detención en contra de la abogada Carmen Vanessa Mena Zepeda, quien a la vez es juez suplente del Juzgado Local Penal de Jinotepe. El exhorto fue enviado al Juzgado Octavo Local Penal de Managua, para que sea el judicial de este distrito quien haga efectiva la captura, ya que Mena Zepeda radica en Managua.

La orden de captura se giró por que Mena Zepeda fue declarada rebelde al no comparecer en la audiencia inicial de un proceso judicial que se lleva en el juzgado de Tola y en el cual ella y otras tres personas están siendo acusadas por el supuesto tráfico de un terreno costero que pertenece al norteamericano Christopher Evans Chartier, quien ahora señala haber sido víctima de los acusados, ya que según denuncia, falsificaron documentos para expropiarle el valioso terreno.

Como se recordará, Mena Zepeda señaló en la edición de EL NUEVO DIARIO que no sabía nada de tal acusación y por ende advirtió que demandaría a este corresponsal por injurias y calumnias, por el hecho de haber señalado que está entre las acusadas.

Sin embargo, más bien esta trabajadora del sistema judicial debería de estar agradecida de que fue a través de EL NUEVO DIARIO que se está enterando de la oscura situación por la que está pasando, ya que al parecer desconoce la causa.

El exhorto fue emitido el 23 de abril y fue recibido el 25 de abril en el Juzgado Octavo Local Penal de Managua. Según el expediente, Mena Zepeda fue notificada de la causa que se lleva en su contra desde de 18 abril y la notificación se hizo efectiva en su domicilio ubicado en Bello horizonte, Managua, de la iglesia Pío X, cuatro cuadras al sur, media al oeste, por lo que es extraño que alegue desconocer del caso.

En este caso, la Fiscalía y la abogada particular Enedina Castillo, acusan a Mena Zepeda por falsificación de documentos públicos y auténticos, uso malicioso de ese instrumento público y usurpación del dominio privado, en perjuicio del norteamericano. Los otros tres acusados son Héctor José Lacayo Páez, el abogado José Román Guzmán Zamora y el jinotegano Juan Thomas Altamirano, quien es el que actualmente aparece como dueño de la propiedad ubicada en la comarca Wiscoyol, municipio Tola, y la cual consta de siete manzanas con 5 mil varas cuadradas.

De acuerdo a la acusación formulada por la fiscal Betania Obregón, el norteamericano había adquirido dicha propiedad el nueve de noviembre de 2006, tras comprársela a Marcos Antonio González Fuentes. Ese mismo mes el extranjero fue contactado por Lacayo Páez, quien le ofreció sus servicios como gestor para realizar los trámites de inscripción de la propiedad.

Pero según las acusadoras, todo era parte de un maléfico plan, ya que en la acusación detallan que la acción de Lacayo Páez era parte de un procedimiento para apropiarse del terreno que adquirió el extranjero, y al cual se sumaron supuestamente los abogados Guzmán Zamora, Mena Zepeda y Altamirano.

Los documentos aportados al expediente como prueba señalan que Lacayo Páez, tras entrar en contacto con el extranjero, buscó el 18 de abril de 2007 al abogado Román Guzmán, para que notariara un poder generalísimo, otorgado a su favor por Evans Chartier, lo cual la Fiscalía aduce que nunca ocurrió por el extranjero estaba fuera del país desde el diez de abril de ese mismo año, por lo que nuca firmo dicho documento.

En el expediente se señala que el norteamericano regresó al país, procedente de Costa Rica, el 14 de agosto de 2007, y su ausencia supuestamente fue aprovechada por los cuatro acusados para expropiarlo de la propiedad, ya que una vez que Lacayo Páez obtuvo el poder generalísimo, vendió la propiedad en 400 mil dólares a Altamirano, y por su parte, Mena Zepeda se encargó, según la acusación, de elaborar la escritura número 75 en la cual revoca el poder generalísimo que tenía Félix José Gaos, el cual había sido otorgado por el extranjero para que lo representará y de esa manera Lacayo Páez quedó como el único representante del extranjero.

Por su parte, el abogado Giovanni Ruiz sigue manteniendo que su cliente, Juan Thomas Altamirano, compró de buena fe la propiedad a Lacayo Páez, quien supuestamente hizo la venta en su carácter de apoderado generalísimo del extranjero, y según Ruiz, hasta tiene en su poder un video en que Lacayo Páez aparece junto a otras dos personas recibiendo el dinero de la venta.

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