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Microempresarias  de Chontales se manifestaron en contra de cierres temporales de negocios por parte de la delegación policial del departamento en lo que va del año.

Durante un encuentro sostenido en Juigalpa con el presidente de Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística, Cantur, Leonardo Torres,  se escucharon “lluvias de quejas” de los supuestos abusos de autoridad que realiza la institución policial.       

Carmen Pérez Robles, quien tiene más de 20 años de administrar el bar, discoteca y billar en Rancho Alegre, de Villa Sandino, dijo desconocer las razones que motivaron el cierre de su establecimiento sin notificación alguna.    

La Vicepresidente de Cantur a nivel departamental, Edelmira Acevedo y dueña del restaurante 7/24, ubicado en Juigalpa, también se mostró indignada con la institución del orden.

“Todos (microempresarios) tenemos inestabilidad por la amenaza de cierre del negocios… Llega (la policía) arbitrariamente y se llevan los permisos.

Hay un Gabinete de Turismo pero no funciona, nos sentimos huérfanas sin apoyo de ninguna institución”, recalcó.           
Por su parte, el Presidente de Cantur aseguró que las “lluvias de denuncias” las presentará ante el asesor de la Presidencia para que se las traslade al Presidente de la República y se resuelvan los problemas.    

“Estamos preocupados por la situación, en Juigalpa tuvimos una reunión el 22 de febrero con el comisionado general Francisco Díaz, y ahí se dejó claro que no se podían cerrar los negocios, que el cierre es la última medida que tiene la Policía.  

Según la Ley (la policía) tenía que amonestar primero, después multarlo,  y por  último el cierre”, declaró.  
Expresó que ya han elevado las quejas a la comisionada Aminta Granera. “Yo espero que tomen medida a la brevedad… Los jefes de policía no pueden pasar por encima de la Ley…”, recalcó Torres, quien detalló que en Chontales hay 25 cierres de negocios.   
Torrez consideró que los microempresarios y la Policía pueden trabajar coordinadamente, y tomar las medidas preventivas para regular horarios, sonido y cero venta de licor a menores de edad.    

El comisionado Efraín Sevilla Sequeira, jefe de Seguridad Pública en el departamento, rechazó los señalamientos de abusos de autoridad, y dijo que los 16 establecimientos que han sido cerrados por la institución están justificados por incumplimiento de horarios, por alteración al orden público y por expendios de drogas.    

Agregó que en el departamento registran 446 negocios con permisos policiales y que sus dueños tienen que renovarlo hasta en abril.