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El cierre de varios negocios en la ciudad de Juigalpa, Chontales, que ha realizado la Policía en lo que va del año, ha creado malestar en sus dueños, pero también ha llevado al desempleo a decenas de trabajadores.

Edelmira Acevedo, dueña de uno de los negocios (7/24) que tenía nueve años de funcionar, y que la Policía cerró el lunes pasado por estar cerca de la iglesia Asunción, y de universidades, se mostró molesta por tal decisión, ya que, según ella, “me cayeron de sorpresa con dicho cierre”.

Contó que el 19 de abril del corriente año, la Policía le dio el permiso para operar; sin embargo, el 7 de mayo le notificaron el cierre del negocio.

“Con la iglesia nunca hemos tenido problemas. Antes la Policía me había amonestado en dos ocasiones, pero fue porque en la calle se dieron pleitos, no fue dentro del restaurante. Apelé y ellos (la Policía) nunca contestaron…”, dijo Acevedo, quien señala que le cerraron el negocio por estar a 400 metros de la iglesia.

Acevedo solicitó un tiempo prudencial para reubicarse con el negocio. “Si ellos habían pensado cerrarme el negocio que previamente la misma Policía había autorizado, no hubiese invertido. Tengo deudas, compromisos contraídos, hay materia prima que se puede perder. Con el cierre dejan en el desempleo a 16 personas que trabajan directa e indirectamente. La afectación es grave, me están perjudicando económicamente”, insistió.

Por su parte, Caridad Tablada, dueña de otro negocio de restaurante, dijo que tenía 14 años de funcionar en Juigalpa. Fue cerrado por el mismo motivo: estar a 400 metros de la iglesia Asunción.

“Me afecta económicamente. Si nosotros hubiéramos sabido no hubiésemos gastado, y ahora que nos vengan a cerrar nos afecta. Tengo que pagar alquiler, luz, agua y a los trabajadores”, dijo Tablada, quien aseguró que nunca ha tenido problemas con la policía.

Versión de Comisionado

Por su parte, el comisionado Julián Lumbí López, segundo jefe de la Policía de Chontales, explicó que en lo que va del año han cerrado 33 negocios, en cumplimiento a las demandas que hace la ciudadanía en las asambleas de consulta que llevan a cabo con la población en el departamento.

“En las consultas, la gente nos planteó que el principal problema que hay es la venta de licor, eso nos causa delitos de homicidios, accidentes de tránsito, lesiones y violencia intrafamiliar”, recalco Lumbí López.

Sumado a eso, según él, cierran los negocios por los excesivos horarios o porque “no cumplen con las normas de seguridad pública, una persona armada no puede consumir licor, estamos cumpliendo con lo que la comunidad dice”.

Asimismo, manifestó el jefe policial que, en 2011, de 500 negocios que tenían contabilizados entre bares y restaurantes, tenían programando cerrar el 30%, pero que no cumplieron; sin embargo, este 2012 tienen planeado cerrar esa misma meta.

En lo que va del año, la Policía ha cerrado 35 negocios por diferentes motivos.