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Un total de 6 propiedades suburbanas y rurales, entre privadas y estatales, en la cabecera departamental de León, se encuentran tomadas desde hace varios meses por grupos de precaristas que supuestamente carecen de un sitio donde vivir.

A la lista se suman otros casos de usurpación de propiedades en La Paz Centro y El Jicaral, de las que informaron recientemente autoridades de la Procuraduría General de la República, PGR, de la Intendencia de la Propiedad, IP, y de la Policía Nacional.

La más reciente toma de tierras en León se produjo el pasado 5 de mayo, en una propiedad de 7 manzanas que fue ocupada por 200 personas. El terreno se ubica en la entrada al antiguo edificio del Fortín de Acosasco, en la comunidad El Chagüe.

La propiedad usurpada pertenece a la empresa Desarrolladora del Pacífico S.A., y según William Montealegre, representante de dicha empresa, el inconveniente les está ocasionando pérdidas económicas cuantiosas, ya que en el sitio pretenden desarrollar un proyecto de urbanización de 312 lotes.

Los precaristas asentados en esta propiedad de 7 manzanas aseguraron que cuentan con el aval de la Comunidad Indígena de Sutiaba, CIS, sin embargo Róger Montoya, presidente de esa organización, negó cualquier participación o relación con el grupo y calificó de “vividores” a quienes utilizan el nombre de la CIS para llevar a cabo este tipo de acciones.

Rehúsan salir

“No tenemos donde vivir, estas tierras están abandonadas, nosotros decidimos tomarlas porque contamos con el apoyo de la Comunidad Indígena”, manifestó Julio César Sandoval, de 38 años, líder de los precaristas, advirtiendo que no admitirán desalojos en El Chagüe.

“La verdad es que desconocemos lo que está pasando en El Chagüe, además esa gente nunca ha solicitado apoyo, porque si así lo hubieran hecho, no estamos nosotros para tomarnos propiedades privadas, no tenemos nada que ver”, reiteró Montoya.

De acuerdo con Sandoval, autoridades de orden público “ya vinieron a amenazarnos…, pero queremos decirles que no queremos derramamiento de sangre”.

Detalló que entre el grupo hay familias provenientes de Guadalupe, Tangara, “Rigoberto López”, Hamburgo, Casa de Tablas, El Cerro, Las Brisas y El Chagüe.

Caso a caso

En el barrio indígena de Sutiaba, el señor Fabio Icaza denunció ante las autoridades policiales la usurpación de la finca Guanacastillo, cercana al cementerio El Zapote, que comprende 20 manzanas. El inmueble propiedad de la Cooperativa Agropecuaria de Sutiaba Norte S.A., Ficsa, fue tomado por 200 precaristas.

De acuerdo con un informe presentado por la Comisión de la Propiedad, integrado por la Alcaldía, Policía, IP, PGR y el gobierno, se identificaron 3 propiedades estatales usurpadas por precaristas.

Una de ellas es la finca Los Aposentos, de 21 manzanas, ubicada contiguo a la urbanización Génesis, carretera León-Poneloya, que fue ocupada por 60 personas.

La semana que recién pasó, el procurador Pablo Ventura trató de persuadir a los precaristas para que abandonen la finca Los Aposentos, pero estos se rehusaron porque no les brindan opción de traslado. El funcionario de la PGR se negó a brindar declaraciones a El Nuevo Diario.

Otras 125 personas identificadas como retirados del Ejército se posesionaron de 8 manzanas que pertenecen a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, en la comarca Abangasca.

También se registra la invasión de 6 manzanas de la antigua empresa La Pedrera, carretera León-Poneloya, propiedad del Estado y administrada por la Alcaldía, donde se instalaron ilegalmente 40 personas.

Según Eveling Rojas, vocera de la Alcaldía de León, el problema de la propiedad es algo serio que debe atenderse con cuidado por parte de las autoridades competentes. “Nosotros no tenemos propiedades afectadas por precaristas, el caso de La Pedrera es asunto estatal”, aclaró escuetamente la funcionaria.

En el camino a la comunidad El Platanal, contiguo a la Planta Enatrel o Taiwán, sector suburbano de la Ciudad Universitaria, 9 familias se tomaron un área de vía pública, que pertenece al Estado.

Se registra una toma de 250 manzanas en la comunidad El Carao, jurisdicción de La Paz Centro, y se conoció de la toma de la finca Rancho Bombe, de 500 manzanas en el municipio El Jicaral.

De acuerdo con la Comisión Departamental de la Propiedad, el problema únicamente podrá resolverse con la intervención de autoridades nacionales, ya que los desalojos están prohibidos.

Policía evita desalojos

Por su parte el capitán Omar Espinoza, jefe del Distrito Tres de la Policía de León, expresó que con el objetivo de evitar desalojos por la fuerza, han visitado y persuadido a los tomatierras en el sector de El Chagüe.

“Les hemos manifestado en tres ocasiones, que las tomas, según orientaciones del presidente Daniel Ortega, están prohibidas”, afirmó Espinoza tras comentar que el mismo comisionado Luis Barrantes, jefe departamental, ha hecho labor de persuasión.