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En Jinotega se está promoviendo una iniciativa que busca poner a disposición de la ciudadanía todo cuando necesiten saber acerca de la gestión de sus autoridades, sus dependencias, empresas contratadas y subcontratadas.

Se trata de un proyecto de ordenanza que está impulsando el Comité de Desarrollo Municipal de Jinotega, CDM, basado en la Ley 621, “Ley de Acceso a la Información Pública”. Lo que piden es que la alcaldía disponga una oficina donde atienda a líderes comunitarios y a la población.

Victorino Centeno, presidente del CDM, manifestó que esta propuesta nació luego de año y medio de capacitación sobre incidencia ciudadana a los líderes de 30 comunidades del municipio, con el apoyo de la Fundación Violeta Barrios y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH.

“Si el Concejo aprueba dicha ordenanza, la idea es que el alcalde nombre a una persona responsable de esta oficina que facilite información en caso que un ciudadano necesite hacer denuncias o revisiones, pero que esta misma persona sea quien tenga autoridad sobre las demás dependencias”, manifestó Centeno.

La novedad en la propuesta es que se ha incluido un mecanismo en caso que la ciudadanía necesite la información de urgencia; “es decir, en un periodo menor de 15 días, que es lo que la Ley establece como mínimo”.

Experiencias

En febrero de 2011, el CDM de Jinotega realizó un monitoreo enviando solicitudes de acceso a información pública a 10 instituciones del Estado, “sin embargo solo tres instancias nos facilitaron la misma, e incluso en una de ellas (que prefirió omitir el nombre) el funcionario hasta rompió la carta delante del ciudadano que llevó la solicitud. Esto denota la negatividad que existía aún el año pasado”, expuso Centeno.

Recalcó, “siempre nos niegan la información más importante, por ejemplo, le solicitamos a la alcaldía que nos facilitara la planilla de los trabajadores y esto no fue posible, nosotros no queríamos nombres, sino cargos y salarios pero no lo conseguimos”, indicó.

Por su parte, María Mercedes Gómez, de la CPDH, planteó que la elaboración de la propuesta de ordenanza es con el objetivo que el Gobierno municipal garantice a través de esta la institucionalización, la participación ciudadana efectiva y de forma activa. “Nosotros somos facilitadores, los que generan los procesos son los líderes ya que ellos son los demandantes del cumplimientos de estos derechos”.

Asimismo, dio a conocer que algunas de las comunidades asistidas sobre este proceso de demanda de derechos han sido Santa Carmela, Cuatro Esquinas, Yanque 1 y 2, volcán Grande, Mancotal, Jocomico, Santa Enriqueta, Las Lomas, Santa Bárbara , los Robles, San Antonio de Sisle, entre otras.