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Los conductores que se ven involucrados en accidentes de tránsito en los que se destruyen puentes, defensas metálicas y postes guías o de referencia, podrían ser obligados a pagar estos cuantiosos daños, a petición del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI.

Lo anterior lo confirmó a El Nuevo Diario el titular del MTI Fernando Martínez, quien reveló que cada año invierten más de C$10 millones en mantenimiento de este tipo de obras, pero asegura que no disponen de fondos suficientes para la rehabilitación de estos daños ocasionados por los violentos accidentes de tránsito que se registran en las diferentes carreteras de nuestro país.

“Cada año se hacen evaluaciones e invertimos más de C$10 millones, pero vamos a hablar con la Policía para que estos daños los tenga que reembolsar o reponer el que los ocasiona, porque no hay fondos suficientes” manifestó Martínez.

Explicó que el objetivo de la instalación de defensas metálicas es defender la vida de la población, “y cuando la mayoría de accidentes son por exceso de velocidad, problemas de alcohol o descuido, se les salva la vida, pero no reponen nada ni agradecen al gobierno por este tipo de obras que es en beneficio de ellos”, comentó.

De acuerdo con Raúl Flores Luna, administrador de Proyectos del Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav) de la IV Región, en esta zona el tramo más afectado por los accidentes es el de Granada-Nandaime y Nandaime-Peñas Blancas.

Como evidencia, señaló que en lo que va de este año han rehabilitado cinco puentes, entre estos Las Lajas y Gil González, y uno en el sector de La Virgen.

Según Flores, en estos dos tramos es donde hay más puentes en lo que concierne a la IV Región, y que corresponde rehabilitarlos al MTI y al Fomav, y estima que solo en la reconstrucción de un barandal invierten más de C$50,000. Agregó que la inversión también es considerable en el caso de las defensas metálicas que se colocan a orillas de la carretera para evitar que los vehículos caigan en barrancos.

El Código Penal de Nicaragua señala que incurre en el delito de daño agravado el que daña bienes públicos, entre los que se incluye puentes y vías de comunicación, y este se castiga con una pena de dos a tres años de prisión.