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Aunque la alcaldesa de Granada, Rosalía Castrillo Sevilla, manifestó que no piensan aprobar las 240 nuevas concesiones de placas para taxis, los empresarios del transporte selectivo se presentaron durante la sesión ordinaria número 45 del Concejo Municipal para manifestar su preocupación de lo que consideran una violación a la ley 524, Ley General de Transporte Terrestre.

La inquietud de los transportistas radica en una supuesta aprobación de concesiones que la Alcaldía de Granada piensa poner en marcha, luego de haber realizado un estudio de factibilidad en el que --según el director de la Oficina de Transporte de la comuna, Juan Carlos Bermúdez-- comprobaron que la ciudad colonial necesita aproximadamente un 130 por ciento más de unidades para prestar el servicio.

Los taxistas legales, sin embargo, dicen que tal estudio es amañado, y los resultados fueron forzados para justificar la piñata de concesiones con cuyos ingresos piensan pagar el aguinaldo de los trabajadores municipales.

“En agosto de 2007 inició el estudio para determinar si era o no posible incluir nuevas concesiones, y participaron los miembros de todas las cooperativas de taxis. Como el municipio solamente cuenta con 200 unidades, con los resultados nos dimos cuenta que se necesita entregar más placas”, argumentó Bermúdez.

Al respecto, el presidente de la Unión de Transportistas del Sur, Jorge Vidal Real, manifestó que de acuerdo a la ley, cada concesión ronda los 13 mil córdobas. “Entonces, si estamos hablando de 200 placas por 13 mil córdobas, significa dos millones 600 mil pesos, justo la cantidad que la Alcaldía necesita para entregar el aguinaldo a los trabajadores. Ésa es nuestra preocupación como transportistas”, dijo.

Vidal se refirió a la situación del departamento de Masaya, donde existe una excesiva cantidad de unidades que está perjudicando, en primera instancia, a los viejos taxistas, y luego a los transportistas urbanos, interurbanos e intermunicipales. “Podés ver que en Masaya ya no existe la ruta a Las Flores, La Laguna, La Montañita, ni a otras comarcas, porque ahora son los taxistas los que hacen ese recorrido”.

En cuanto al hecho de que la problemática no fue incluida dentro de la agenda del Concejo, los líderes del sector dijeron que aún no pueden estar completamente tranquilos, porque temen que en próximas sesiones los concejales incluyan y aprueben tal moción. Aunque según ellos no debería ser así porque la ley manda que el sistema de licitación debe durar 45 días.

“No nos queremos ir, porque puede ser que a último momento incluyan el tema y salgan con alguna sorpresa. Estamos en el país donde el corcho se hunde y el plomo flota”, lamentó el líder nacional de transporte, Antonio Betanco.