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En medio de varios señalamientos se encuentra la jefatura policial del departamento de Granada, a raíz de la falta de ejecución de una sentencia de desalojo firmada el 13 de junio de 2008 por la jueza de Distrito Civil, Donají Meza Pérez, a favor del abogado Jairo Daniel Robleto, en calidad de representante legal de la ciudadana de origen suizo, Claudine Francose Pico.

El caso se originó por una propiedad de la extranjera, ubicada contiguo a donde fue la Farmacia Popular, inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles bajo el número 3,039, tomo 550 y 557, folios 147 y 155, asiento 13, que fue adquirida mediante una compraventa el 15 de junio de 2007.

Dicha sentencia se produjo luego que Robleto solicitara en el Juzgado de Distrito la cancelación de un contrato de arrendamiento por dos años que se había suscrito entre su cliente y el señor Rolando Gutiérrez Lacayo, representado a través del abogado Humberto Arana Marenco.

De cyber café a domicilio
“Solicitamos la cancelación porque el contrato decía que la casa sería utilizada exclusivamente para negocio de cyber café, y ahora resulta que lo están ocupando como domicilio. Además, que desde marzo de este año no han querido pagar ni un solo centavo”, señaló Robleto. 
Según él, aunque la jueza emitió su sentencia hace seis meses, hasta hoy el jefe de la Policía de Granada, comisionado mayor Ramón Avellán, no ha acatado la orden, y por el contrario se ha hecho el “desentendido”. 
“Como en tres ocasiones el comisionado Carlos Palacios le giró orden al comisionado Avellán para que brindara el apoyo a la judicial, pero nunca lo hizo. Después, el jefe de la Secretaría Ejecutiva, sub comisionado Luís Alonso Carrillo, me dijo que ellos sólo recibían órdenes del comisionado Horacio Rocha; entonces yo le pregunté que quién le había impuesto los grados”, remarcó el abogado.

Cuatro oficios
END conoció que a las 2:30 de la tarde del 12 de septiembre, la jueza Pérez giró un primer oficio de desa-
lojo. Luego, el 6 de octubre salió el segundo, el 31 del mismo mes emitió el tercero y el último fue girado el 14 de noviembre, pero ninguno fue efectuado.

El representante de la dueña responsabiliza también a Arana Marenco y su bufete por el empleo de tácticas dilatorias. “Presentó un escrito ilegal y extemporáneo con el propósito de detener el proceso, con la ayuda de la secretaria del Juzgado, Griselda Marín. Aparecen escritos de apelación, de reposición y tercerías de dominio como por arte de magia”. 
Al respecto, el abogado Arana Marenco argumentó que fue su contraparte la que por medio de dudosas acciones hizo que el fallo le fuera favorable. “Yo no he hecho nada fuera de la ley. Es él quien está haciendo cosas ilegales. E incluso supe que el mismo jefe de la Policía llegó donde la responsable del cyber café a decirle que tenía que desalojar, cuando el proceso debería estar detenido a causa de una tercería de dominio”, reclamó.   
Por su parte, el comisionado Cárcamo explicó que la sentencia no se ejecutó debido a que todo el personal estaba enfocado en atender las elecciones municipales de noviembre, y que los hechos post electorales continuaron acaparando la atención de la institución.

“Hablé con la jueza y le expliqué la situación. Me dijo que no había problema. Y con el  abogado de la señora hablé una sola vez y aquí no se ha aparecido nuevamente”.

Respecto a que la sentencia fue emitida desde a mediados de junio, Cárcamo justificó que tenían demasiado trabajo. De igual forma, intentamos conocer la versión del comisionado  Avellán, pero nos informó que no deseaba referirse al tema.