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Juigalpa, Chontales
Productores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, la ministra de Gobernación y los jefes de la Policía de Boaco, Chontales, Zelaya Central y Río San Juan, se reunieron en Juigalpa, con un solo fin: enfrentar el delito de abigeato que prolifera en la Región Central.

Uno a uno, los asistentes expusieron sus casos en presencia de las autoridades, y bautizaron esta actividad delincuencial como narco-abigeato, ya que las personas que se dedican al robo de ganado, cuentan con una estructura bien organizada.


Avalancha de abigeos
“Ante esta enorme avalancha de abigeos estamos siendo amenazados de muerte, por eso les exigimos a ustedes como autoridades una respuesta a lo inmediato”, dijo el productor Gustavo Bendaña (padre).

De igual manera opinó el presidente de la Cooperativa La Unión, de San Francisco de Cuapa, Boanerges Marín, quien detalló la forma en que los robaganado operan en el sector.

La mayoría de los participantes expresaron su descontento en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque la Policía captura a los delincuentes y antes de las 24 horas ya están libres, buscando nuevas víctimas en las comunidades.

En el encuentro, lo que sí dejaron claro los productores, es que si los operadores de justicia no aplican las leyes penales a las personas que se dedican a esta actividad, ellos se organizarán para tomar sus propias medidas.


Poder Judicial debe ser firme
Por su parte, el comisionado general Juan Báez Galeano, resaltó las cualidades de los judiciales y sus capacidades para aplicar a los abigeos sentencias firmes, pero reconoció que han venido cayendo en la trampa de los delincuentes.

“Hemos detenido gran cantidad de gente que los fiscales han remitido los casos a los juzgados y se quedan en la mediación. Y aquí está el problema, porque al productor le pagan el semoviente robado y luego se retira del proceso”, señaló el comisionado general Báez.


Llamado a evitar la mediación
Llamó a los ganaderos de la Región Central a no seguir mediando con los delincuentes y aunque les hagan ofrecimiento de resarcir los daños, el proceso debe continuar hasta que a la persona se le aplique la pena correspondiente, sugirió el jefe policial.

De acuerdo con las estadísticas, en lo que va del año en Chontales han computado 400 denuncias, de las cuales sólo 61 han pasado a los juzgados, además, han realizado 80 detenciones y sólo 22 personas han sido acusadas hasta el momento.

Insistió el inspector general de la Policía Nacional que el delito de abigeato afecta grandemente la economía del país, al punto que calificó esta actividad delictiva como un crimen.

A pesar de que no profundizó en las debilidades que enfrentan los operadores de justicia, admitió que hay problemas, y que serán las autoridades superiores de la Corte Suprema y del Ministerio Público, quienes tendrán que revisar sus actuaciones para superar esta situación.


Un solo culpable
El ganadero Manuel Zelaya Meneses señaló que el gran problema está en el Poder Judicial, porque muchos dueños de ganado saben quiénes son las personas que se dedican al robo de semovientes y han presentado las pruebas suficientes para encerrar a los culpables, pero la Policía los agarra, les realizan un proceso y luego los sueltan.

Don Manuel Zelaya dijo que los ganaderos necesitan todo el apoyo de las autoridades policiales y militares para que los abigeos no continúen perjudicando a quienes trabajan día a día para mejorar la calidad de la ganadería.

“Prueba de esto es mi finca Rancho San José, ubicada a 17 kilómetros de Cuapa, de donde se me llevaron 21 novillos, realizamos una búsqueda en conjunto con la Policía, lograron capturar al delincuente, se presentaron las pruebas ante las autoridades, pero actualmente el abigeo anda suelto”, sostuvo Meneses.

Detalló que la plaga de abigeos les está causando grandes pérdidas, porque tienen que destinar mucho dinero y tiempo, a la par de la Policía Nacional, para darles persecución, además, daños a los vehículos y el riesgo de morir a manos de los delincuentes.