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La ciudadanía riosanjuaneña se mantiene expectante ante el juicio por el diferendo del río San Juan que conllevó a una demanda de Costa Rica en la Corte Internacional de La Haya, del que están informándose en los canales y radios de ambos países.

De acuerdo a un sondeo de opinión, los ciudadanos quisieran mejor que la cuantiosa inversión económica en el juicio debería de invertirse para mejorar el nivel de vida de las poblaciones fronterizas.

Entre la población consultada priva la confianza en que los jueces de esa Corte ratificarán el dominio y sumo imperio de Nicaragua sobre el río San Juan, y le dicen al presidente costarricense Oscar Arias, que así como conviven las familias tico-nicas en el corredor fronterizo, y hacen uso cotidianamente del río, debiera buscar el diálogo, la comunicación y cooperación con su homólogo nicaragüense, el presidente Daniel Ortega.

El licenciado Marcos Granja Castro, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales dijo que “el sumo imperio que tiene Nicaragua sobre el río San Juan es una herramienta fundamental y aunque el gobierno costarricense pretende que se le reconozca algún derecho, el Tratado Cañas-Jerez no le da ningún derecho a la navegación armada o que traigan turistas tal como lo hacen. El derecho consuetudinario dice que a nosotros nos ha pertenecido el río San Juan, los ticos navegan, pero nunca en la historia de las naciones se permite que naveguen armados, o con otros fines que no está establecido en el convenio internacional”.

“Nuestra expectativa es que la resolución sea favorable porque es indiscutible que el río San Juan es nicaragüense, nos asiste el derecho soberano, ambos países nos necesitamos y debiéramos respetar el derecho de cada uno. Lo que pasa es que han ocurrido eventualidades de orden político de los gobiernos para sacarle provecho”, dijo Gustavo Groos Castro, diputado suplente del PLC del departamento.

Costa Rica ha incumplido los convenios

Groos recuerda haber participado del Proyecto SI A PAZ que ambos países firmaron y desde ese entonces Costa Rica ha venido incumpliendo, “mientras nuestros recursos naturales los aprovechan y han ido en franco deterioro”.

Al ex capitán del Ejército, Wilfredo Flores Guerrero lo encontramos periódico en mano, informándose sobre el desarrollo del juicio en La Haya: “lo que esperamos es que se ratifique lo que está establecido, el río San Juan es de Nicaragua, lo que pasa es que el país del Sur ejerce presión para sacar provecho y atacar el sistema político de nuestro país”.

Expresó que “la población costarricense navega el río tranquilamente, hay una convivencia, los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes, y aquí no pueden venir armados, bienvenidos sean, pero que respeten nuestra soberanía, aquí mismo hay inversionistas que no tienen problema alguno; no dudamos que los jueces de La Haya actuarán con raciocinio”, sostuvo Flores.

Tratado limita el objeto de comercio

Para el ingeniero Jhonny Gutiérrez, alcalde de San Carlos, “el Tratado Cañas-Jerez, limita el objeto de comercio, cuando en ese tiempo no existían redes horizontales que facilitaran la movilización hacia el país vecino, pero lo importante de este juicio es que Nicaragua tiene la oportunidad de demostrar ante los ojos del mundo que lo que estamos defendiendo está apegado a derecho y también nos asiste la historia”.

Según el edil sancarleño, se ha discutido tanto sobre el río San Juan y “la vida para esas poblaciones fronterizas sigue igual; ya hay una comisión binacional que tiene que ver con el desarrollo del corredor fronterizo. En vez de invertir esa cantidad de dinero en el juicio, ese recurso deberían destinarlo en crear una estrategia especial de frontera, en temas de educación y potenciar un poco más las actividades turísticas, productivas; en un hospital para atender a personas de ambos lados, en fin, establecer un sistema comercial más justo”.

El profesor Carlos Corea Balladares insistió en el alto costo de un juicio, además “tardado, tirante y desgastador para países empobrecidos como los nuestros, en vez de usar el diálago, la comunicación y la cooperación entre ambos presidentes, que vaya la casualidad son los mismos que en los años 90 suscribieron el convenio de SI A PAZ”.

Corea dice que “el Tratado Cañas-Jerez está claro, 3 millas náuticas abajo del río San Juan pueden ocuparse para cosas comerciales y no para navegar armados, y es lo que ha pretendido Costa Rica”.

Costa Rica es el violador

El comentarista político es del criterio que “si de violación se trata, la mayor parte la lleva Nicaragua, porque violación es que nuestras aguas del Gran Lago y del río San Juan estén contaminadas con los químicos que utilizan en las bananeras y arroceras que están al otro lado; violación es la desviación de las aguas del río San Juan hacia el río Colorado y prueba de ello es que nuestro río se seca en época de verano; violación es la amenaza al río San Juan con la concesión minera al proyecto Crucitas que irresponsablemente el presidente Arias dio el visto bueno, y violación es lo que hacen ellos con el turismo”.

Antonio Ruiz, Director del organismo ambientalista Fundación del Río dice que “Costa Rica, desde su perspectiva está pretendiendo desconocer el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan que tiene Nicaragua. Este país en la visión estratégica de una ruta canalera pretende tener mayores derechos que los otorgados en el Cañas- Jerez. Costa Rica no se ve junto a Nicaragua haciendo una acción conjunta, pretende estar por encima de nuestra nación”.

Refirió que en la actualidad, sus actividades económicas y las pretensiones mineras del Gobierno de Costa Rica están provocando daños que en el tiempo serán irreversibles para el Río San Juan. Costa Rica actúa para destruir esa vía de navegación perpetua que se estableció en los tratados.

Si no pueden tener el río a las buenas, van a las malas

A su juicio, la actuación está determinada por decisiones en las que prevalece como política “si no puedo tener el San Juan, haré de todo para destruirlo”. Una prueba de esta afirmación es la declaratoria de “asunto de interés nacional” de la minería en Las Crucitas. Con este interés minero que ahora se abre con Las Crucitas, mañana vendrá una avalancha con otros bloques de interés, como Conchudita, San Antonio y demás sitios explorados.

Según Ruiz, esta actividad minera en la cuenca del San Juan, Costa Rica viola de manera impune diversos tratados y convenios internacionales. El Tribunal de la Haya deberá tomar en cuenta en su sentencia, las condiciones actuales que prevalecen en esta cuenca, y las decisiones políticas de esta nación.

“Esperamos que en la sentencia que adopte el Tribunal de La Haya, no se tenga una apreciación salomónica y se violen los derechos de Nicaragua, ya que éstos son perpetuos y obligue a Costa Rica a revertir los daños que viene provocando en la Cuenca del Río San Juan”, concluyó el director de Fundación del Río.