Ingrid Duarte
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La alcaldesa del municipio de Diriá, Maribel Barrios Latino y los directivos de la Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua (Amictlan) acusaron ante el Ministerio Público de Granada al ex alcalde dirialeño, Giancarlos Ruiz, por haber otorgado un permiso de construcción en la zona costera de la Reserva Natural, considerada Área Protegida.

Según la denuncia, el dueño de la construcción es Néstor Silva, propietario de la empresa de materiales de construcción Sinsa, quien supuestamente arrendó a la municipalidad un terreno de una manzana de tierra, ubicado en la costa de la laguna para construir una casa prefabricada. “Le permitieron hacer una construcción, aun sabiendo que es una zona de alto riesgo sísmico, de inestabilidad de laderas y sin haber presentado el permiso ambiental del Marena”, manifestó la alcaldesa.

Los denunciantes aducen que dicho permiso fue otorgado por el entonces alcalde Giancarlos Ruiz, el secretario del Concejo, Danny Rivas, y los concejales Rosa Sandino y Edwin Jaen, no así el concejal Martín Carballo, que desistió de la votación. “Nos hemos dado cuenta que es una casa que no tiene plano, ni medidas y que está siendo construida de dos pisos con material prefabricado”. 
En un documento manifiestan, “Se han violentado las disposiciones administrativas contempladas en nuestra Ley de Municipio, pues en nuestros archivos no hemos encontrado ningún contrato de arriendo con el señor Néstor Silva, además de que los procedimientos para otorgar permisos de construcción se encuentran contemplados en el Plan de Arbitrios Municipales, y para ello se necesita una serie de requisitos técnicos”.

Paralelo al trabajo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales que confirmó el riesgo sísmico, Amictlan, ha realizado investigaciones similares aprobadas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, a través de la dirección de Patrimonio Natural, pese a todo ello la construcción recibió la autorización municipal.

El asesor legal de Amictlan, Donald Zavala, aseguró que según el artículo 363 del Código Penal, el delito está tipificado como construcción en lugares prohibidos, “En el nuevo Código aparece un capítulo que integra los delitos ambientales, entre ellos la novedad de construcción en lugares prohibidos porque es una zona de riesgo; será culpable quien construya sin permiso o quien lo haga con permisos irregulares”.

Versión del ex alcalde

Sin embargo, apoyado en el acta del Concejo del 20 de abril de 2007, el ex alcalde explicó que el proyecto inicialmente contemplaba un rancho de paja, una caseta de vigilancia, el levantamiento de un muro perimetral y la instalación de un tanque para aguas residuales, pero fue rechazado debido a que el propietario no presentó los requisitos establecidos por la ley.

Fue hasta el 21 de enero de 2008 que aprobaron unánimemente la autorización. “Le dimos el permiso para un rancho de paja, pero nosotros no sabíamos que estaban construyendo una casa prefabricada, nos dimos cuenta casi al terminar la administración, fue cuando el Marena detuvo el trabajo”, resaltó Ruiz.

Los ex funcionarios informaron que la denuncia hecha por el gobierno municipal actual, obedece a razones meramente políticas, debido a que durante la campaña pasada se negaron a apoyar a la candidata del Frente Sandinista y actual alcaldesa de Diriá, quien además es la presidenta ejecutiva de Amictlan.