Máximo Rugama
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Los índices violencia intrafamiliar y sexual se ha incrementado de forma alarmante en la zona rural segoviana. Estudios realizados por organismos no gubernamentales revela que de cada cinco mujeres cuatro sufren de ese flagelo, que el año pasado dejó a cinco mujeres fallecidas en hechos violentos sólo en el departamento de Estelí.

Lo peor de esta situación es que cuando las mujeres solicitan los servicios judiciales para hacer prevalecer sus derechos, se encuentran con una serie de obstáculos que las revictimizan desde que interponen las denuncias en la Comisaría o en la Policía, ya que deben aportar una serie de datos, y, en la mayoría de los casos, narrar todo el calvario que han sufrido.

Estos aspectos y otros fueron objeto de reflexión durante un foro realizado en Estelí, por más de 800 personas, organizado por la Fundación Entre Mujeres, entidad que impulsar tanto acciones para que las féminas del campo hagan valer sus derechos, como una campaña hacia los hombres.

Afectan constantes cambios de fiscales

Y es que según Yobelda Huete Zelaya, una joven promotora de la FEM, en este departamento otro hecho que obstaculiza que las damas hagan prevalecer sus derechos es el cambio constante de los fiscales que ejercen la parte acusadora en representación de las víctimas.

Pese al panorama sombrío, no todo es negativo, porque la fundación impulsa campañas educativas hacia los hombres.

La abogada Cándida Laguna, del equipo de asesoría de la Fundación, dijo que la entidad promueve nuevos valores que permitan suprimir el control de los hombres hacia las mujeres y que se fomente un clima de igualdad de oportunidades.

Aseguró que continuarán luchando para que en el país haya una legislación que regule de manera integral todas las manifestaciones y consecuencias que conlleva la violencia sexual e intrafamiliar .

Para la Fundación, algo importante es que se reformule el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia, de tal manera que brinde seguridad y recuperación a las víctimas de este flagelo. También que se establezcan sanciones plenas a los agresores en correspondencia al daño que causan entre las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

También son del criterio que se debe resolver adecuadamente las denuncias que por violencia de cualquier índole interpongan las mujeres en las instancias del Poder Judicial.