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OCOTAL

Nuevamente los concesionarios tradicionales de taxis de esta ciudad solicitan a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, resuelva el recurso de amparo interpuesto hace casi cuatro años contra la decisión del Concejo de esta ciudad por el otorgamiento de 62 líneas en carácter supuestamente violatorio a la Ley 524 --o Ley General del Transporte, ya vigente al momento de la decisión--, a la Ley de Municipios y a la de Probidad del Funcionario Público.

“No somos familias ricas para que los magistrados lleven casi cuatro años en tardar para emitir una resolución. Queremos saber si la justicia está de nuestro lado para recuperar los 100 mil córdobas que pusimos de fianza”, expresó Juan Gómez, uno de los concesionarios agraviados.

Calles saturadas de taxis

El alcalde y los concejales que tomaron el acuerdo el 17 de mayo de 2005, corresponden al período edilicio anterior, y la mayoría de sus beneficiarios ya comercializaron sus placas a terceras personas.

De acuerdo con el contenido del recurso de amparo, las autoridades locales pasaron por encima de Ley 524, que días antes había entrado en vigencia y que antepone una serie de requisitos para aprobar nuevas concesiones, entre ellas, la licitación pública con un precio base de 15 mil córdobas.

Caso contrario, recuerdan los tradicionales taxistas, tanto liberales como orteguistas pusieron sus propias listas de beneficiarios, en la que figuraron, principalmente, parientes y afines a sus personas, con lo que también violentaron el artículo 34 de la Ley de Municipios y la Ley de Probidad, que les inhibe para utilizar sus cargos en beneficio propio o de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y el precio base fue de 5 mil córdobas.

“Nosotros cada vez estamos peor porque las 62 concesiones ilegales no han venido a competir, sino a saturar, y ahora hay más oferta que demanda, desestimulando la cooperativización y consolidación de la misma. Esta situación nos deja en desventaja económica a las 88, más las 62 unidades, ya que no podemos reemplazar unidades, muchas en mal estado por deudas contraídas con bancos y repuestos caros en una situación económica ahogante”, manifestaron los quejosos.