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JUIGALPA

Denis Antonio Báez Orozco, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh-Chontales, lamentó la decisión de las autoridades del Sistema Penitenciario de Cuisalá, de no permitir el acceso a las galerías del penal a los promotores de derechos humanos.

“Dos años atrás, hemos sentido restricciones en el ejercicio de nuestro trabajo y ahora no se nos permite hablar con el interno para conocer si sus derechos humanos son respetados o violentados”, denunció Báez Orozco, al señalar, que la medida, no es de las autoridades del penal, sino, del nivel central.

“Insistiremos”, dice

Afirma Báez Orozco que las intenciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario Nacional, es “burocratizar el acceso a la información de este penal, a pesar que es pública por ser un ente estatal”.

“Nosotros como organismo de Derechos Humanos, vamos a seguir gestionando el ingreso al penal, no desde aquí, sino, desde nuestra sede nacional, para destrabar estos mecanismos que imponen las autoridades”, aseguró el funcionario.

Consideró el asesor del Cenidh en la Región Central, que las autoridades argumentan que de acuerdo con la ley creadora del Sistema Penitenciario, las organizaciones de Derechos Humanos y los periodistas deben solicitar un permiso en la sede nacional. “Esto es una mal interpretación, no se nos puede aplicar esto”, dijo.

Manifestó el funcionario de Derechos Humanos, que las autoridades del penal le han suministrado información, pero la misma no ha sido corroborada con los internos y citó como ejemplo, la reyerta que se desarrolló meses atrás, logrando conocer sólo la versión de los encargados del sistema.