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JUIGALPA

Retirados del Ejército organizados, cuestionaron a los funcionarios que atienden el tema de la propiedad, porque hasta la fecha no les han legalizado ni una pulgada de tierra de las fincas que les asignó el actual gobierno.

“En este momento tenemos problemas serios en la finca Las Plegarias, donde fueron ubicados bajo engaño 200 compañeros, porque los funcionarios sabían que esa propiedad no es del Estado y la mayoría se desgastó económica, física y mentalmente”, dijo el Mayor retirado, Humberto José Lacayo.

Después de estar nueve meses en la finca Las Plegarias, situada en El Rama-Zelaya Central, por orientaciones superiores de la Intendencia de la Propiedad, se les informó que tenían que abandonarla en febrero de este año.

Sin respuesta

Según Lacayo, el tiempo ha transcurrido y hasta el pasado 10 de julio el gobierno ha ubicado en el sector de la Pikín Guerrero a 12 ex militares afiliados a diferentes organizaciones que atienden a los retirados de las armas, mientras el resto sigue al garete y a la espera de una respuesta a sus demandas.

Otra problemática que enfrentan es con la finca Santa Isabel ubicada en los alrededores de Juigalpa, asignada a 23 retirados del Ejército y la Resistencia sin ningún respaldo legal, y los beneficiarios todavía están esperando la titulación de esa propiedad.

Llamado a Obando

Ante ese inconveniente planteado por los retirados, solicitaron al cardenal Miguel Antonio Obando y Bravo, una visita de urgencia a la Región Central, para que se entere de la triste realidad que viven los desmovilizados.

Los afectados señalan que las asignaciones que tienen no cuentan con respaldo jurídico y por lo tanto no pueden obtener créditos para trabajar estas tierras, y están de brazos cruzados en ellas, por lo que les urge una pronta respuesta, de lo contrario no descartaron un brote de violencia.