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LAS MINAS
Unos 500 autodenominados ex–combatientes miskitos de Yatama, que protestan contra el gobierno central con dos tranques en el empalme de Bilwi con Waspam y Rosita, en el Caribe norte del país, sólo dejan pasar vehículos cada doce horas, pero ese antojadizo plan en contra de los derechos individuales de los demás se limitaría aún más, en la medida que no encuentren respuestas satisfactorias a sus demandas.

Por ahora los dirigentes de la protesta, Martin Ramos (tigre), Aldino Hill López, Javier Collins, Daniel Padilla Mitchell, Saveriano Thomson, Gerardo Thomson Preslay, Héctor Poveda, Rojas Alarcón Panting, Adolfo Pineda Davis (Cienfuego) y Rene García Backer, coincidieron en permitir el paso de cientos de automotores hacia Bilwi, Waspam y Rosita, a las cinco de la mañana, y después a las cinco de la tarde.

Usuarios del transporte colectivo, comerciantes y personas que se movilizan en vehículos particulares, tanto para entrar a Bilwi o salir de esa ciudad-puerto, resienten la actitud que están tomando, quienes protestan, ya que esa situación les está provocando serios perjuicios económicos.

Molestia por anulaciones

Los ex–combatientes de Yatama están muy molestos, porque a solicitud de la Procuraduría General de la República, en esa región, se anulan títulos supletorios y otros documentos de propiedad, que riñen con el espíritu de la Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, Ley 445.

El Presidente de la República ha dicho que está informado de que las propiedades comunales y colectivas entregadas conforme a títulos reales y bajo otras figuras jurídicas en el Caribe norte, incluso con la modalidad de cercenar parte de otros territorios, como el de Awas Tingny, están siendo vendidas.

El mandatario ordenó a la PGR, además de la Intendencia de la Propiedad a efectuar una investigación para detener esas irregularidades.

Ortega calificó de “tráfico de tierras”, incurriendo en delitos, quienes negocian con éstas, las cuales, el Estado con títulos reconoce el dominio y posesión a indígenas de esa región.

Se confirma que la finca de 12 mil 500 hectáreas, entregadas al colectivo 02, de 262 ex–combatientes de Yatama, registrada bajo el número1583, tomo 010, asiento primero, libro de propiedades, sección de derechos reales, columna de inscripciones, de ese registro público de la propiedad, según diario 3003, tomo 006, folio 251–252, fue traspasada el primero de enero del año 2009, bajo la figura de compra y venta, mediante los servicios notariales de Pedro Roberto Picado, a la empresa Maderas preciosas indígenas industriales de Nicaragua.S.A., Mapiinicsa, representada por José María García Castro.

A favor de esta empresa la propiedad fue inscrita con el número 1583, tomo 016, asiento segundo, libro de propiedades, sección de derechos reales, columna de inscripciones, según diario 5569, folio 065–067.

Esta inscripción fue cancelada con el diario número 5536, tomo 016, folio 029 - 030, a solicitud del Consejo Regional y Procuraduría General de la República.

Jugosa transacción

Se comenta que Dublón, recibió cerca de cuatro millones de dólares por esa transacción.

Es debido a ello que el Estado de Nicaragua velando por el estricto cumplimiento de la Ley, también además de lograr cancelar  las cuentas registrales de las fincas 1583, también anularon las fincas 2454, 2267 y 1584, para evitar la venta de tierras de las comunidades indígenas en esa zona del país, las que son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Dichas fincas se encuentran ubicadas cerca de donde tiene sus propiedades Mapiinicsa.

Según una resolución del Consejo Regional de la RAAN, en la comisión de demarcación y ordenamiento territorial  de ese parlamento regional, se han venido recepcionando varios casos de conflictos de tierras, alegando  poseer títulos de propiedad, títulos supletorios e incluso datos registrales de propiedades inscritas ante el Registro de la Propiedad.

En ese sentido resolvieron prohibir la emisión de títulos supletorios y bajo otras figuras en tierras reclamadas por las comunidades indígenas, orientando a las autoridades competentes su cumplimiento.

Asimismo decidieron anular cualquier título supletorio extendido con desacato a la Ley 445; no procede nulidad de Título en los casos que las comunidades previamente hayan extendido constancia, expresando que las tierras no están en conflicto.

De igual manera recomendaron al registrador público de la propiedad de Bilwi, la anulación de títulos inscritos que violenta el procedimiento establecido por la Ley 445, y ordenaron al mismo registrador cancelar o anular todo título adquirido por cualquier figura jurídica en los municipios de Prinzapolka, Rosita, Bonanza, Puerto Cabezas y Waspan, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.