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Las puertas para poder existir de manera legal en el país, se pudo abrir en el municipio de Rosita, en el Caribe norte, donde una alianza de organizaciones con presencia en la zona lograron sacar del anonimato a 4 mil 557 niños, niñas y adolescentes, al reconocerles con certificados en mano el elemental y constitucional derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

Así se llamó el proyecto de restitución de ese fundamental derecho de las personas, que en 98 comunidades (97 rurales y una urbana) ejecutaron durante siete meses Acción Médica Cristiana, AMC; Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef; Consejo Supremo Electoral, CSE; y la Alcaldía del municipio de Rosita.

En total, según el informe final del proyecto, fueron beneficiadas 4 mil 921 personas, incluyendo 324 niños y adolescentes, que inicialmente de ellos se dijo que no habían sido inscritos ante el Registro Civil de las personas.

Sin embargo, con el proceso de búsqueda ante el Registro Civil, esta cantidad de personas fueron encontradas en los libros oficiales, por lo que se les orientó de la inscripción.

A ellos también se les entregó sus respectivos certificados, indicando el lugar en que fueron inscritos con tomo y folio, firmado y sellado por el CSE.

Grandecitos más ocultos

Precisa el informe final, que de los 4 mil 597 niños y adolescentes de Rosita, que mediante el proyecto han sido inscritos ante el Registro Civil de las personas, 500 comprenden entre las edades de cero a once meses, y 4 mil 097, corresponden de uno a 16 años.

En el lugar las organizaciones aliadas que promueven ese innegable derecho universal, estiman que todavía en Rosita, entre las edades señaladas se encuentran unas 2 mil 500 personas, que no están inscritas por razones distintas.

Esa cifra podría sorprender más en la medida en que se logra penetrar en comunidades recónditas. La situación del sub registro infantil es preocupante en los siete municipios del Caribe norte, pues, de cada diez nacidos, entre cuatro y cinco no logran ser inscritos.

Y es que desafortunadamente cuando un niño o adolescente, no es inscrito ante el Registro Civil de las personas, legalmente no existe, y en consecuencia no es parte de los planes de inversión pública y en definitiva no puede acceder a sus derechos esenciales para el desarrollo de una vida plena y digna.

Subregistro más alto en Nicaragua

Nicaragua es el país centroamericano con los niveles más altos de subregistro en niños y adolescentes, estimándose que entre un 35 y 40 por ciento de su población no está inscrita en el Registro Civil de las personas.

Esa alarmante realidad se acentúa en las regiones autónomas del Caribe por la dispersión y lejanía de su población, deficiencia en las vías de comunicación, poco conocimiento de los padres de la obligación y el derecho a la inscripción de sus descendientes y falta de alternativas e iniciativas de las alcaldías para cubrir en ese sentido su territorio.

Según el informe del estado mundial de la infancia 2008, el promedio de subregistro a nivel latinoamericano es del 11 por ciento.

Diversos estudios señalan que aumenten las tasas de inscripción de los nacimientos, y se reduzca la brecha de 1.1 millones de niños sin inscripción en América Latina, es vital establecer sistemas de registro apropiados, simplificar los procedimientos, abolir los costos, invertir en registros móviles y registros auxiliares, y poner en marcha campañas de información que lleguen a todos los sectores de la sociedad.

Cabe señalar que el derecho al nombre y a la nacionalidad, se encuentra establecido en el artículo 7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por Nicaragua en 1990; en el artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente desde 1998; y en los artículos 15 y 25 de la Constitución Política de la República. Este derecho, respaldado por los acuerdos e instrumentos jurídicos mencionados, se articula en la Ley de Responsabilidad Paterna y Materna (ley 623) y en la Ley de Reposición de Partidas de Nacimiento.

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