Yelba Tablada
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Juigalpa

Una reunión con los jueces de vigilancia penitenciara estará realizando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el objetivo de coordinar y revisar, después que los privados de libertad del Sistema Penitenciario de Guisala, protestaran y amenazaran con una huelga.

El procurador departamental Maryan Collado, destacó que tuvieron conocimiento que los privados de libertad demandan que las juezas de ejecución de sentencia le reconozcan su abono legal, es decir el derecho de días trabajados por reducción de penas y la modificación de condenas de acuerdo con el nuevo código procesal penal, y para ser escuchados estuvieron unos días sin laborar, ni hacer nada.

Collado destacó que coordinaron con el director del Sistema Penitenciario, quien les informó de la situación, además destacó que los privados de libertad señalan que tienen acuerdos con las juezas de vigilancia penitenciaria, y es esto lo que quieren revisar puesto que si no se cumple lo acordado puede culminar en un motín y hasta en muerte que es lo que quieren evitar.

Piden revisión de casos

“No es que queramos que todos los privados de libertad salgan libres, sino que se revisen casos y se le aplique la ley de conformidad al derecho que tienen y se les haga justicia”, señaló el procurador departamental.

Aunque no existe fecha para reunirse con las jueces de vigilancia, Collado destacó que trabaja en la coordinación de unas visitas programadas de la procuradora de cárceles y entrevistas con privados de libertad para revisar caso por caso y luego pedir a las judiciales la revisión de lo presentado.

“El caso será elevado a la comisión interinstitucional de los jueces de ejecución, además se hará un requerimiento por los casos pendientes que tengan de revisar y otorgar beneficios legales a los privados de libertad, que ya tengan ganado estos derechos”, destacó el procurador regional.

La sociedad no tiene que ver al Sistema Penitenciario como un basurero, porque también son personas que tienen derechos humanos, y el hecho de cometer un delito los privó de su libertad, pero siguen teniendo los derechos fundamentales que establece la Constitución, principalmente el derecho a la vida, y la Procuraduría está en la obligación de velar porque estos derechos se cumplan, señaló Maryan Collado.