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La incertidumbre se ha posesionado sobre el estratégico proyecto hidroeléctrico de Tumarín, ubicado en la Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS, tras el surgimiento de un movimiento de pobladores supuestamente afectados por la futura represa, que se opone a la ejecución de la obra porque dicen que no se les consultó, se violentan sus derechos y porque temen daños ambientales catastróficos e irreversibles en toda la cuenca del Río Grande de Matagalpa.

El ex alcalde de La Cruz de Río Grande, Juan Ramón Espinoza Jarquín, afirma que el malestar de los habitantes de las riberas del Río Grande de Matagalpa y de la comunidad de Apawás en particular (sitio donde se construirá la represa), es porque han sido engañados desde que la Asamblea Nacional aprobó la ley para esta represa sin haber consultado previamente a la población que será afectada y que lo mismo hizo el Consejo Regional Autónomo de la RAAS.

Mientras que Pedro Pablo Obando, uno de los habitantes de Apawás, se queja diciendo que la gente que será desplazada para la construcción de la represa no ha recibido ninguna garantía de que serán indemnizados justamente y, además, se sienten amenazados por la Sociedad Central Hidroeléctrica de Centro América que es la encargada de construir el complejo hidroeléctrico.

Diputado “habla” por los campesinos 

Después que el Consejo Regional de la RAAS aprobó la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Tumarín el 21 de diciembre de 2009, el diputado del PLC Francisco Sacasa Urcuyo, advirtió que promovería un recurso de amparo en contra de ese proyecto, no por estar en contra del progreso, sino porque  se estaban violentando los derechos de los campesinos que residen en el lugar donde se construirá la represa.

La advertencia del diputado Sacasa se materializó a fines de 2009 cuando los consejeros liberales Olga Smith, Alberto Espinoza y Glenfor Abraham, todos ellos seguidores incondicionales de Sacasa, se ampararon ante el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa (dominado por el PLC), en contra del proyecto hidroeléctrico de Tumarín, recurso que es rechazado por la mayoría de los integrantes del Consejo Regional porque lesiona el espíritu de autonomía y además desconocen la jurisdicción de ese tribunal en la RAAS.

Demandas

Los autodenominados representantes de los pobladores afectados por la represa exigen la suspensión de la construcción de ésta mientras el Estado no les garantice una indemnización consensuada y justa.

También demandan que se implemente un plan de mitigación de daños ambientales en la zona afectada y que se cree una comisión negociadora entre el gobierno, empresa constructora y población afectada para buscar un acuerdo viable para todos, advirtiendo que intensificarán su lucha si no son escuchados.

Suspicacias 

El jefe de bancada de Yatama en el Consejo Regional de la RAAS, Alejandro Mejía Gaitán, fustigó al diputado Francisco Sacasa, argumentando que este parlamentario ya había votado en la Asamblea Nacional a favor del proyecto hidroeléctrico de Tumarín y había llegado al Consejo junto a su colega Eliseo Núñez a convencer a los consejeros para que también aprobaran ese proyecto.

Mejía niega que no se haya consultado a las comunidades afectadas. “Existen vídeos que lo comprueban y más bien dudo que esta comisión represente a los afectados”, indicó.

Finalmente, Mejía reprochó que el diputado Sacasa manipule a la gente para frenar un proyecto estratégico de interés para todo el país con tal de ganar adeptos de cara a las elecciones regionales que se realizarán el 7 de marzo de 2010.