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POTOSí

Los diez hombres señalados de quemar un cañaveral de la Compañía Azucarera del Sur, Casur, y que por dicho delito estuvieron 16 días dentro de las celdas de la policía de Rivas, incluyendo el fin e inicio de año, lograron recuperar su libertad este quince de enero y ahora se quejan del sistema judicial nicaragüense al cual señalan de estar en los chiqueros.

Los acusados de planificar el 29 de diciembre la quema de 33.5 manzanas de cultivo de caña de azúcar de Casur son: José Leonardo Brizuela, José Castillo Soza, José Domingo Martínez, Álvaro Henríquez Montiel, Francisco José Medina, Genaro Martínez, Juan Domingo Muñoz, Juan José Loáisiga, Germán Martínez y José Dolores Henríquez, quienes según la acusación presentada por Horacio Cuadra Schultz, ocasionaron una pérdida de dos millones 640 mil 500 córdobas, producto de la quema del cañaveral, y por ende estaban siendo procesados por daño agravado.

El expediente judicial lo inició el juez suplente José Adán Castillo Centeno y fue él quien ordenó a la policía la orden de captura de los imputados, igualmente, los había remitido a juicio oral y público para el 27 de enero.

No obstante, el caso dio un giro de 360 grados, cuando la juez propietaria de Potosí, Alicia Hernández, retornó a su puesto y ordenó la libertad inmediata de los acusados y detalló a EL NUEVO DIARIO que el expediente judicial presenta muchos errores.


Juez suplente no
estaba habilitado
En un auto dictado por la judicial el 18 de enero, señala que una carta emitida por Secretaría de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, deja claro que Castillo Centeno no fue habilitado para que asumiera el Juzgado Local de Potosí, en el mes de diciembre de 2009 y a la fecha que extendía la misma.

Con base en dicha carta la judicial declaró nulo todo lo actuado por su colega a partir del auto dictado por Castillo Centeno, el 30 de diciembre de 2009, por lo que anuló las ordenes de captura que se emitieron ese día en contra de los diez señalados; y según estos documentos y versión de los imputados, realizó ilícitamente la Policía, por acatar la orden de alguien que no era juez.

Pobres sin justicia

José Dolores Henríquez, quien fue uno de los que permaneció detenido, detalló que la justicia en Nicaragua se sigue ensañando en los pobres tras agregar que existen suficientes pruebas de que no fueron ellos quienes quemaron el cañaveral “pero la justicia anda en el chiquero y prueba de ello es que alguien que ni siquiera estaba autorizado como juez, ya hasta nos había remitido a juicio”.

Jueces se contradicen

La jueza de Potosí manifestó que no se explica cómo su colega Castillo Centeno estaba ocupando su cargo y aseveró que ella no lo había autorizado “porque esa facultad le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que es la que quita y pone los nombramientos”, expresó.

Por su parte Castillo Centeno señaló vía telefónica que fue la misma judicial la que le autorizó a ocupar el cargo. “Ella me dio el aval presentado en la CSJ”, manifestó.