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“La Constitución política de Nicaragua establece separación de poderes, el presidente de la República no está facultado para dar este tipo de decreto ni prolongar ni acortar períodos de magistrados de otros poderes del Estado”, reaccionó la ex presidenta del Consejo Supremo Electoral al consultarle EL NUEVO DIARIO cuál era su criterio de la actuación del mandatario Ortega.

Sobre las aspiraciones de Ortega, que pretende ser

reelecto en los próximos comicios del 2011, sin preámbulo, la ex funcionaria expresó: “Ese decreto debería quedar como una declaración de intenciones del presidente, no es legal porque no puede surtir efecto en algo que no está facultado”.

“Es al Poder Legislativo que le compete hacer esos nombramientos, para eso se debe hacer antes una preselección exhaustiva, donde en la convocatoria participe la sociedad civil”, señaló Zelaya.

Recuerda el “Granadazo”

También recordó el fraude del “Granadazo”, cuando en 2004 Álvaro Chamorro Mora ocupó la silla edilicia de una manera dudosa y se cuestionó esas elecciones por artimañas en una junta receptora de votos de una comarca de Malacatoya.

“En el 2008 la historia se repite en varios municipios. Es el momento oportuno y vital para que el país haga cambios sustantivos”, dijo Zelaya.

Finalmente Zelaya refutó la actuación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que semanas atrás de manera antojadiza, ordenaron una resolución avalando al presidente Ortega su derecho a la reelección continua.

“No puede una Sala Constitucional, con sólo una parte de sus miembros, reformar la Constitución para permitir una reelección presidencial; desde el punto de vista jurídico una sentencia no tiene atribución, no tiene validez. Desafortunadamente eso lleva a la crisis desde el pacto libero-orteguista que se tejió en enero de 2000, que permite remover el sistema electoral y de justicia de Nicaragua”, acotó.