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LAS MINAS
Unas 115 familias campesinas, en su mayoría originarias de Mulukukú, ingresaron al territorio de Prinzapolka, en el Atlántico Norte, a tomarse una cantidad considerable de tierras, y desde ahí, demandan al gobierno que se las legalice para vivir.

El grupo, que se acerca a las 500 personas, incluyendo niños, de la etnia mestiza, con ramas, plástico y hojas de suita, ha levantado varias champas sobre la orilla derecha de la carretera del empalme hacia Alamikamba, exactamente en una propiedad privada del lugar llamado el “susto”.

José Valentín Miranda Somarriba, principal líder del grupo, manifiesta que han llegado a Prinzapolka, porque se enteraron que en esta zona existen extensiones de tierras baldías, y ellos las necesitan para trabajarla y fundar una comunidad.

Pobreza y falta de trabajo

Miranda, aseguró que la mayor parte de las 115 familias que demandan tierras en esta zona de la Costa, llegaron de Mulukukú, y señala que por la pobreza y la falta de oportunidades socioeconómicas tomaron la decisión de trasladarse a Prinzapolka, con el propósito de encontrar allá un pedazo de tierra.

“Es que estamos cansados de trabajarles a los patrones por 40 córdobas el día, eso no es vida, de esa manera no mejoramos, queremos tener nuestra propia tierra para producir alimentos y vivir un poco más dignos”, dijo el cabecilla del grupo.

Afirmó que están demandando cinco mil hectáreas de tierra para constituirse con las 115 familias en cooperativa que llevará por nombre “Camilo Ortega 4 de enero”. Dicen que para ese propósito cuentan con el respaldo de las autoridades locales de Prinzapolka.

Constancia de síndico

Prueban sus afirmaciones con una constancia sellada y extendida el 13 de enero de este año, por Thomas Aguilar, el síndico de Alamikamba; Lulina Gradis, del consejo de ancianos; y del wihta del lugar, en la cual, hacen saber que las 115 familias se ubicarán en el sector de Danky.

Pero llama la atención que las 115 familias están en áreas privadas, afectando a su propietaria de nombre Elida Centeno, y según expresó su propio líder, en los próximos días comenzarán a instalarse en esta propiedad, y otra que pertenece a Prada, una empresa de industria forestal en la zona.

“Nos dijeron que estas tierras pertenecen a la comunidad, por eso estamos aquí” señaló José Valentín Miranda, cuando era entrevistado, rodeado de una parte de las 115 familias.

Vendieron propiedades

EL NUEVO DIARIO, supo que parte de esos tomatierras, han tenido sus propiedades, incluso han sido beneficiados por el gobierno central con parcelas, pero las han vendido.

Pero, aparte de ello, la pregunta que se hacen los dueños de las propiedades, es que si las autoridades comunales apoyan a los demandantes de tierra, ¿por qué no los ubican en áreas comunales propias de éstas y no ocupadas?
Aceptar las autoridades locales y respaldar la toma de tierra en la zona, es un hecho que pone en riesgo la seguridad jurídica de las propiedades privadas, incluso comunales, porque estas últimas sólo pueden darse en carácter de arriendo.

Se presume que las autoridades de Prinzapolka están apoyando tomas de tierras, pero en las propiedades privadas, para generar conflictos, y luego reclamarlas como comunales.