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SAN CARLOS
Reacciones inmediatas en materia ambiental desató la elección de Laura Chinchilla como presidente de Costa Rica, entre líderes ambientalistas, puesto que según ellos, representa la consecución del gobierno de Oscar Arias, del Partido Liberación Nacional, quien declaró de “conveniencia nacional”, el proyecto minero Crucitas a escasos kilómetros del Río San Juan.

Antonio Ruiz, presidente de la organización riosanjuaneña, Fundación del Río, dijo que a pesar de que Chinchilla es mujer de gran importancia para la continuidad de la vida democrática de Costa Rica, “significa más de lo mismo en materia ambiental de nuestra vecina del Sur. Ella no se desmarcó de Crucitas, por más que lo intentaron los ecologistas ticos”.

Para Ruiz, “esta nueva presidenta no constituye ninguna garantía para los ecosistemas de la Cuenca del Río San Juan”. A su juicio, como continuadora de la política del presidente Arias, “seguimos urgiendo una sentencia favorable de la Sala IV Constitucional”, afirmó.

“Con el Partido Liberación otra vez en el poder, lamentablemente el tema de Las Crucitas estará complicado y lleno de consecuencias a nuestro patrimonio natural. Han sido los presidentes de PUSC y de Liberación Nacional que en diferentes periodos y con distintos instrumentos han venido tejiendo la explotación aurífera en esta zona de Costa Rica. Lo que pase de aquí hasta la toma de posesión en materia de minería, debería ser objeto de constante análisis de nuestro gobierno para advertir y enfrentar las graves consecuencias de esta actividad extractiva”, dijo.

Oídos sordos

El director de Fundación del Río expresó que a pesar de informar y advertir sobre las eventuales consecuencias a los ecosistemas y daños a los recursos hídricos, basados en investigaciones y resultados científicos originados por universidades de ambos países, “los gobernantes siguen poniendo oídos sordos a estos llamados”.

El especialista en derecho internacional, doctor Leonel Argüello, señaló que el Gobierno de Nicaragua está atento a esa situación y “haremos uso de todos los recursos que nos permita el derecho”.

Según Argüello, “cualquier riesgo para el Río, Nicaragua no tiene por qué soportarlo y Costa Rica tiene la obligación de vigilar y no perjudicar al vecino”.

En una visita reciente a Río San Juan, la ministra del Marena, Juanita Argeñal dijo que por las afectaciones y el impacto que tendría el uso de químicos en Crucitas, la institución que ella dirige y el Ministerio de Relaciones Exteriores han demandado el respeto a la convivencia vecinal y los convenios internacionales.

Agregó que han demandado ante el Ministerio del Ambiente y Energía, de Costa Rica, que estaba bajo la dirección de Roberto Dobles, la presentación del estudio de impacto ambiental y el cese de la actividad minera que estaban desarrollando, por ser actividades ilegales, ya que “Nicaragua tiene que ser forzosamente consultada, sobre todo las comunidades que habitan en los municipios ribereños del Río San Juan”.