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SAN CARLOS
Carlos Alberto Guadamuz, funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al ser abordado sobre el caso del emigrante Gerald José Duarte Pineda, de 18 años, herido por un guardia costarricense, dijo que de acuerdo con el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptado por la ONU, de no justificarse el uso del arma de fuego, “estaríamos en presencia de una actuación y aplicación desproporcionada del arma y de la fuerza”.

“Llama la atención el hecho que las autoridades costarricenses hayan disparado al emigrante nicaragüense por dos razones: primero, que para disparar y usar el arma, debieron hacerlo únicamente si la persona a detener representara un peligro real contra la vida de terceras personas o contra los agentes policiales. Cabe preguntarse si el detenido portaba o no arma de fuego y si amenazaba la vida de otras personas o del funcionario”, indicó Guadamuz.

El joven emigrante originario de Managua, tenía un mes de trabajar en construcción en Ciudad Quezada, Costa Rica, y fue herido el 19 de febrero, tras una redada que hizo la fuerza pública y OIJ.

Gerald, que en el suelo emanaba sangre por la bala que quedo alojada en la parte superior de la pierna derecha, pidió clemencia al momento que los guardias le dijeron: “!Ahhh, hijo de p… nica! mal parido ¿por qué se corre?” Ese mismo día después de llevarlo a un hospital y sacarle la bala, lo mantuvieron 2 días detenido y lo deportaron el viernes 22 de este mes.

Para el funcionario del Cenidh, el hecho que no le hayan hecho imputado cargos, da indicios para suponer que el emigrante nicaragüense no representó amenaza contra el policía al momento de su detención, por lo que a su juicio debería de iniciarse una investigación del organismo competente de la Policía.

¿Qué dice el Código?
Según el abogado del Cenidh, el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, adoptado por la ONU en su resolución 34/169 de diciembre de 1979 establece los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre uso de la fuerza y arma de fuego. Esta debe ser proporcional y usada estrictamente cuando lo requiera el desempeño de sus tareas.

Indicó que el artículo 3, literal c) establece: “El uso de armas de fuego se considera una medida extrema… no deberán emplearse armas de fuego, excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.”

¿Por su condición de indocumentado, puede actuar así la guardia costarricense?
En principio, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece igualdad entre las personas, sin discriminación por nacionalidad, raza, etnia, u otra condición social. En este caso, la actuación policial debe ser apegada a la ley, a los principios fundamentales de actuación, en particular para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La cuestión de documentación es de competencia de las autoridades de migración y no de la policía.

¿Se violaron o no los derechos humanos del emigrante nica?

En principio, toda persona al momento de su detención debe ser tratada con dignidad. En este caso, las autoridades consulares nicaragüenses deberían abogar por investigar dicha actuación policial, para determinar si el arma de fuego fue utilizada para proteger la vida de otras personas o si fue desproporcionada, si existen informes policiales señalando el incidente y en definitiva, solicitar una investigación de la actuación policial.

Los emigrantes lamentan que cuando son deportados los sacan sin sus pertenencias y sin pago, la mayoría se sienten sin orientación y protección.

Es una realidad frecuente de nuestros emigrantes. Por falta de documentación no logran acceder a servicios de seguridad social, salud, educación, y en particular al reclamo de sus derechos laborales.

Costa Rica aumentó el 22% de exportaciones en la actividad agrícola, que emplea a mano de obra nicaragüense. La policía realiza recorridos por fincas para encontrar indocumentados y al ser detenidos las autoridades migratorias no examinan su situación laboral.

Es una realidad que se sientan desprotegidas por nuestras autoridades, cuando nuestros consulados carecen de la cantidad de funcionarios para atender la situación migratoria de tantos nicaragüenses.

En los puestos de San Carlos-Los Chiles, son rechazadas unas 100 personas diariamente y hay dos funcionarios para atender toda la zona fronteriza de más de 200 kilómetros.

Violentan derechos humanos
El Cenidh, realizó una visita a Los Chiles en Costa Rica el 16 de febrero donde constataron que las autoridades migratorias de ese país están aplicando la figura del rechazo administrativo para personas que han sido encontradas trabajando en fincas, recolectando frijoles. Cabe destacar que esta figura debe aplicarse únicamente en los puestos fronterizos, en caso contrario se estarían violentando los derechos de nuestros emigrantes a tener un proceso de deportación donde pudieran hacer valer sus derechos.

Uno de los hallazgos del recorrido, es que los nicaragüenses continúan emigrando sin informarse ni documentarse de las leyes vigentes del país de destino. En este caso, las personas entrevistadas desconocieron sobre la entrada en vigencia de una nueva ley migratoria costarricense. De igual manera, muchos padres y madres de
familia no llevan consigo las partidas de nacimiento de sus hijos, situación que pone en riesgo de vulnerabilidad, y no les permite optar a beneficios que les otorgan las leyes por ser menores de edad.