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EL CASTILLO

Indignación e impotencia provocó entre los pobladores de El Castillo el desalojo realizado por la Juez de Distrito Civil de San Carlos, Alba Marina Vargas, de la vivienda que durante 22 años habitó con sus hijos, Virginia del Carmen Velásquez Zepeda, a quien “enchacharon” y pretendían llevársela detenida.

El desalojo fue a eso de las 11 de la mañana del miércoles previo a la Semana Santa, al presentarse la judicial que con antelación había notificado la orden de desalojo, y sorprendió a los pobladores que en vez de ser acompañada por agentes policiales, llegó con “trabajadores de la alcaldía de Sábalo” y con el policía que resguarda el juzgado de esa localidad, quienes lanzaron las pertenencias a la calle para entregar el inmueble al concejal liberal Bernabé Reyes Aragón.

A la misma judicial que en su instancia no dio lugar a la acción de comodato precario por no estar acorde con los hechos planteados, según la demanda de Reyes Aragón, le correspondió realizar el desalojo cumpliendo una resolución de tres magistrados de la Sala Civil de la Circunscripción Central que revocó la sentencia que había dictado la juez Vargas.

El Castillo paralizó actividades

Desde las 11 de la mañana, hora en que se presentó la judicial, la calma del pueblo de El Castillo se vio alterada y las actividades rutinarias se paralizaron, pues los pobladores corrieron a solidarizarse con Virginia y sus hijos. Del local que fue una casita deteriorada y que Virginia reconstruyó levantando lo que era el hospedaje Manantial, fueron lanzados los enseres, electrodomésticos y mobiliario a la calle. La sacada de 24 colchones que mantenía en el hospedaje prolongó el tiempo.

Virginia se resistió al desalojo, llena de ira clamaba por lo que representó 22 años de lucha y sacrificio, ante lo cual la judicial ordenó que la “enchacharan”.

La red de mujeres del pueblo que es testigo del sacrificio de una mujer por el futuro de sus hijos condenó la acción. En la vivienda convivió con su pareja Efraín González Rivera, que falleció hace un año y medio, de quien ya se había separado por ser víctima de violencia.

Según ella, el inmueble se lo dejó el padre a sus hijos, pero apareció Bernabé simulando que le compró, “eso es totalmente falso porque el padre de mis hijos no recibió ningún centavo”, asegura.

Según Virginia el colmo es que con artimañas abogadiles el concejal apareció comprando ocho metros y ella había logrado 12, “reconstruí la planta baja e hice nueva la planta alta y el anexo de la cocina, como me quedaba en la calle le reclamé a la jueza los 4 metros y me dijo: “vaya a demandarlos al juzgado”.

Virginia dice que cuando los empleados de la comuna se metieron a los cuartos le sustrajeron más de tres mil dólares y unas alhajas de oro, por lo que se presentó a la Policía a realizar la denuncia, además resultó con un dedo del pie fracturado.

“La jueza quería que me quedara tranquila riéndome mientras me lanzaban a la calle, si allí está toda mi lucha, por el futuro de mis hijos, me levanté haciendo préstamos y vendiendo propiedades que yo tenía, afirmó.

“Yo pido al gobierno y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que revisen mi caso, es una injusticia la que me hicieron, no es posible que por su figura de concejal liberal se me haga tanto atropello, yo tengo confianza en la justicia de Nicaragua”, concluyó.

El retorno

Pero ni la red de mujeres de las mujeres líderes sandinistas se quedaron con los brazos cruzados ante ese desalojo, pues silenciosamente organizaron un plan que hicieron efectivo en los díad Santos, hasta recuperar la vivienda y usando la fuerza introdujeron a Virginia y sus hijos al local. La Policía dispuso fuerzas, pero no pudieron contra la avalancha de mujeres que clamaba justicia y estaban armadas con garrotes y piedras.