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LAS MINAS

El servicio público de transporte intermunicipal, terrestre y acuático, actividad que desde hace 15 años se ejerce sólo con permisos de operación provisional en la Región Autónoma del Caribe Norte, se legalizará con la documentación requerida, para que más de cien transportistas obtengan la respectiva concesión lo más pronto posible.

Ese derecho del sector transporte de esa zona, será reconocido por el gobierno central, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, además de la Policía Nacional en el caso de las placas y circulación vehicular, aseguró Sergio Torres, Presidente de la comisión de transporte e infraestructura del consejo regional, instancia que sumada a la alcaldía de Rosita, acompañan y facilitan la gestión de las cooperativas de transportistas del Caribe.

Aunque no se ha fijado fecha exacta, las partes --MTI, Consejo Regional, alcaldía de Rosita y transportistas—coincidieron, en la última reunión de seguimiento de acuerdos, que la tramitación para ese propósito será en los próximos días, ya que existe un mandato de la presidencia de la república, para que se agilice el proceso de legalización del transporte en la RAAN.

Concesión cuesta 40 mil córdobas

En el caso del transporte terrestre, si bien es cierto, que el nuevo costo es de 40 mil córdobas para adquirir una concesión de servicio público de transporte terrestre intermunicipal, ese monto no se les aplicará a los transportistas de esa región, ya que aunque tarde, y por omisión del ente regulador, se les prometió el beneficio que les da los artículos 91 y 92 de la Ley 524, Ley general del transporte terrestre.

El artículo 91, establece que todas aquellas personas naturales y jurídicas que trabajaron con permisos de operación, permisos temporales o provisionales, otorgados por las autoridades competentes al once de mayo de 2001, siempre que no lo hayan vendido o cedido; por imperio de esta Ley se convierten automáticamente en concesionarios del transporte terrestre de pasajeros y tendrán seis meses de plazo para realizar los trámites y llenar las formalidades correspondiente ante el MTI, o las municipalidades, las que finalizaran con la firma del contrato de concesión. Los contratos por esta vez, no pagarán el valor del contrato de concesión contemplado en el artículo 51 de la presente Ley.

Manuel Duarte Jarquín, dirigente del transporte intermunicipal en Las Minas, aseguró que desde hace 15 años gestionan ante las autoridades correspondientes la concesión para ejercer legalmente el servicio, pero no han logrado sus propósitos porque los funcionario del gobierno anterior no tuvieron voluntad.

Operar sin la debida concesión que expide el MTI, significa para los transportistas trabajar de manera ilegal y sin poder tener la posibilidad de contar con un bien de valor que los respalde en una gestión financiera, y no tener acceso a los beneficios que otorga el gobierno.

Duarte dice encontrar buenas intenciones con el actual gobierno, ya que a través de las instancias correspondiente y de coordinaciones con el consejo regional y la alcaldía de Rosita, procuran reconocerles sus derechos consignados en la constitución y en la Ley del transporte.