Tatiana Rothschuh
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SAN CARLOS

Representantes de al menos 39 organizaciones de diversos sectores sociales y sindicales, así como 35 personas en su calidad individual piden explicaciones a la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, ante lo que consideran una “creciente represión policial contra las protestas sociales experimentadas desde hace varias semanas”, a la vez que le solicitan una reunión para tratar el tema.

Tras señalar varios actos en los cuales la guardia tica se extralimitó en su accionar, los firmantes de una carta sostienen: “no deseamos ver a Costa Rica sumida en un clima de intolerancia y represión contra quienes defienden lo que consideran que contribuye a crear una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de la humanidad y la naturaleza”.

Al sostener que se han producido claras violaciones a la libertad de movilización, de expresión, pensamiento y a la libertad sindical y de organización, afirman: “no queremos un país donde la disidencia política y el pensamiento crítico, sean perseguidos mediante la violencia policial, ni desacreditados por las fuerzas del Gobierno”.

Las 5 preguntas

Los representantes de ésas organizaciones le hacen 5 preguntas a la recién electa presidenta de Costa Rica quien ha generado mucha expectativa por el hecho de ser mujer, profesional y proyectar una imagen de tolerancia, respeto y promoción a la libertad, unidad centroamericana y una cultura preservacionista. Entre las interrogantes le dicen: “¿Está usted de acuerdo con que una manifestación pacífica sea reprimida por la Policía, causando golpes, heridas graves e incluso pérdida de conciencia a las personas por ejercer el libre derecho a manifestarse como ocurrió el 8 de mayo? (día del acto de asunción al Gobierno).

“Si ese día la orden superior era impedir el libre tránsito y la libre expresión de éstas personas durante el traspaso de poderes, ¿por qué los efectivos de Seguridad no se mantuvieron en el cordón policial sin necesidad de actuar con brutalidad y perseguir a caballo a las y los jóvenes; y por qué se lanzó la Policía contra personas desarmadas e indefensas que pacíficamente ejercían su libertad de expresión y movilización?”, son otras 2 preguntas.

Asimismo, le dicen: ¿Está usted de acuerdo, en su doble calidad de presidenta y de coordinadora del recién creado Comité Consultivo de Seguridad, con el decomiso de volantes con contenido social o político que se distribuye en la vía pública?
También le increpan si “está formándose a las y los policías con conceptos ideologizados y sesgados, contra quienes disienten del sistema político, económico y social establecido? Y le preguntan si “va a formar parte su gobierno de las campañas ideológicas y represivo-culturales, junto a otros sectores, como es el caso de medios informativos que desacreditan con calificativos peyorativos la protesta social, o como es también el caso de una periodista de un telenoticiero que descalificó al grupo de manifestantes del 8 de mayo, sugiriendo que mejor hubiesen ido a la “feria del agricultor o a pasear con sus familias” antes de marchar?
En su misiva los líderes de las organizaciones aclaran que entre los hechos de violencia expuestos, algunos ocurrieron en la administración Arias, “sin embargo la actuación de violencia creciente por parte de la Policía evidencia su transformación en un ente represivo y militarizado”.

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