Yelba Tablada
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JUIGALPA, CHONTALES

Catorce propiedades legalizadas por ex funcionarios del gobierno anterior y abogados de Chontales son objeto de un exhaustivo proceso de investigación que promueve la Procuraduría General de la República, PGR, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El procurador departamental, Orlando Centeno Montoya, informó que junto a los abogados del Banco Central de Nicaragua, BCN, han interpuesto demandas civiles en los juzgados de Boaco y Chontales.

Aunque no reveló la identidad de los juristas investigados, dijo que con tres de ellos ya hablaron sobre el proceso que se les sigue, pero aclaró que estos profesionales del derecho tienen implicación en “tercer grado”, porque los que iniciaron la legalización de estas propiedades que pertenecen al Estado fueron notarios que estaban sancionados por la Corte Suprema de Justicia.


“Propiedades lavadas”

El procurador Centeno Montoya calificó este conflicto como “lavado de propiedad”, ya que el Estado les pagó a sus anteriores dueños las hipotecas a las instituciones financieras donde estaban prendadas, y luego las recuperaron haciendo uso de procedimientos ilícitos bajo la asesoría de los abogados que hoy son investigados.

Sostuvo el Procurador Departamental que los órganos encargados de indagar este polémico caso de “tráfico de tierra” no tienen plazo establecido para su culminar su investigación, porque deben de entrevistar a los productores que ocupan el patrimonio estatal y a los abogados participantes del hecho.

Manifestó Centeno Montoya que una vez documentado el expediente, de inmediato el Ministerio Público deberá de interponer formal acusación en contra de los implicados, y en este trabajo se va a adherir la PGR.